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Gustavo Vera, investigado por el presunto encubrimiento del cartel Estrada González

La causa la lleva el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, bajo el N° 150/17. Un testigo reservado aportó además informacion sobre otras irregularidades en torno a la figura del legislador *amigo* del Papa.




Gustavo Vera se encuentra bajo la lupa de la justicia federal, luego de que el pasado 4 de enero fuera denunciado por el presunto encubrimiento del cartel Estrada González, que opera en la Villa 1-11-14, del Bajo Flores.



A partir de ello se abrió la causa N° 150/17, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N° 5 con actuación de la Secretaría N° 9.



Adelanto 24 accedió -en exclusiva- a la presentación, que el último miércoles fue ratificada y ampliada por un testigo de identidad reservada.



Según consta en la denuncia, en septiembre de 2014, Vera y sus colaboradores Lucas Schaerer y Facundo Lugo fueron notificados de la existencia de “204 Objetivos Narcos del Territorio Liberado Peruano de la Villa 1-11-14”. Y con esa información elaboraron un informe “para el Vaticano”, que el propio legislador le habría entregado “en mano” a su “amigo”, el Papa Francisco.



“En dicho informe se realizó un relato del cartel Estrada González, de la Villa 1-11-14, con sus vínculos con Sendero Luminoso, y cuestiones respecto de la producción y venta de clorohidrato de cocaína, sus 300 “soldados” peruanos y los técnicos químicos traídos y el ingreso a nuestro país de dólares y euros falsos, provenientes de Lima”, sostuvo el denunciante.



“Gustavo Vera también recibió un informe sobre cómo tomar las 15 manzanas en las cuales se asienta el Cartel”.



“De esta forma Vera habría incurrido en el Delito de Encubrimiento del cartel Estrada González, no obstante que existen un sinnúmero de irregularidades y Delitos de Acción Pública y Privada del legislador y sus colaboradores”, añadió.



En buena medida, pueden leerse en la segunda edición del libro “Laboratorios de Cocaína de la Ciudad de Buenos Aires”, escrito por Jorge Rodríguez, un ex asesor del Ministerio de Seguridad que supo trabajar con Vera.



Además, la denuncia precisa que “distintas fuentes policiales, sostienen que el legislador Vera hace varios años presta servicios a Policía Federal, revistando en algunas de las escalas de los célebres «plumas»”.



Durante años presentó al “pluma” Balbuena como su amigo. Mientras que otro de sus colaboradores, llamado Lucas Manjón, realizó estudios en la famosa “escuelita”, situada en el primer piso por encima de la Comisaría 8°.



No obstante, la cuestión objetiva es que el titular de “La Alameda” jamás realizó una denuncia seria contra ninguna Comisaría o Superintendencia de la Federal, salvo una payasada que presentó hace unos años realizó contra los jefes Valleca y Oriolo. Sistemáticamente, la totalidad de las denuncias de Gustavo Vera, son presentaciones muy pobres, que le garantizaban, hasta hace un tiempo, mínimas campañas de prensa.



Siempre según los denunciantes, Vera también recibió -por escrito- informes con 315 cohechos policiales de la Comisaría 8° y otros 317 de la Comisaría 16°, en febrero 2015.



“Para disimular su labor de pluma, el Sr. Vera suele realizar sus shows de “redes anti mafias” y encuentros frente a comisarías, con unas pocas personas y presentando un 5 o 10 por ciento de los cohechos de la jurisdicción policial “escrachada”. De los cohechos de la Comisaría 8° que le fueran informados, 155 correspondían a narcos que operaban con protección policial”, señalaron los denunciantes.



También se denunció que uno de los abogados de Vera defiende y habría facilitado ciudadanías para narcos peruanos, tanto condenados como procesados por narcotráfico en varias oportunidades. Sus asesores le informaron de esta cuestión, y no le prestó ninguna importancia. Como tampoco al hecho de que ese letrado recibe clientes aportados por distintas comisarías, especialmente de la 38° de Flores.



“Vera incumplió también con sus funciones, al recibir y no enviar a la Justicia, informes de 152 cohechos realizados por miembros de Gendarmería en la Villa 1-11-14 y en los barrios Illia y Rivadavia, y otros 176 cohechos realizados por personal de Gendarmería jurisdicción 34°”, reza otro pasaje de la presentación realizada contra el hombre que aspira a consolidar un frente electoral con el kirchnerismo y Pino Solanas en la Ciudad.



“Se sabe también que el legislador Vera supo tener vinculaciones con (el ex secretario de Seguridad de la Nación) Sergio Berni, con el sector de la (ex) SIDE vinculado a (el ex director de Reunión Interior, Fernando) Pocino y que hace años trabaja además para la Inteligencia del Vaticano, con el seudónimo de Carlitos Balá”, agregaron en la denuncia.



Por otro lado, indicaron que “en setiembre 2015 se le habrían enviado a Vera una serie de informes sobre las escuchas ilegales realizadas por el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones -DICOM- dirigido por la fiscal Cristina Caamaño País”.



“Vera presentó una denuncia paupérrima más en este caso, contra la Sra. Caamaño, detallando en su escrito un 10 por ciento de los datos aportados, y además se preocupó en no mencionar a (el comisario general) Néstor Roncaglia, en ese momento zar anti drogas –en cuya gestión se más que duplicó el tráfico de estupefacientes- y a cargo de la estratégica Superintendencia de Interior y Delitos Complejos. En los informes, se planteaba una eventual vinculación entre el Sr. Roncaglia, su mujer abogada y la Sra. Caamaño, y mencionando que el ‘zar anti drogas’ aportó en forma ilegal personal a su cargo a la Sra. Caamaño, para realizar las escuchas”, relataron.



En la denuncia, se describe también que en el subsuelo de la sede de “La Alameda”, ubicada en avenida Directorio y Lacarra, fueron observados distintos aparatos utilizados para intervenir ilegalmente teléfonos. Y que una de los colaboradores que trabaja en la ONG mencionó que tales objetos fueron comprados con 30 mil dólares, donados por el Papa, que “aparentemente sabía el destino de esos fondos”.



Otro de los denunciantes, asevera que pudo ver varias de esas operaciones ilegales, en algunas de las cuales estuvo presente el Gustavo Vera, y que realizaron intervenciones ilegales a los teléfonos de varias Delegaciones de la PFA., como también a Comisarias, en operaciones en las cuales intentaban sacar un comisario para que pusiera a otro asociado a la “orga”.



Asimismo, los denunciantes aseguran haber visto “cámaras ocultas y lapiceras que sirven de micrófono, en un momento tal que Vera y sus colaboradores estaban abocados a filmar los prostíbulos de Recoleta que habrían pertenecido a (el ex espía Raúl) Martins y sus asociados, para ‘entregárselos’ a comisarios de la Federal”.



Vera no se interesó tampoco por una denuncia que recibió de 30 bares-prostíbulos de Flores, protegidos por la Comisaría 38° o que, directamente, pertenecían a sus jefes.



La denuncia y la ampliación de la misma, aportan datos detallados sobre escritos presentados a Vera. Un ejemplo: e le informó de una posible “asociación ilícita de Roncaglia, cuando estaba al frente de Drogas, el Juez Federal Sebastián Ramos y varios comisarios de Flores, Once y Constitución, en una época en la cual casi todos los expedientes de drogas caían en el Juzgado Numero 2 de Ramos”.



En el primer piso del local de La Alameda –conforme los denunciantes– funciona una textil irregular, simulando ser una cooperativa. Parte de los pagos a los obreros se realizaban con bolsones de comida con rótulos del Gobierno de la Ciudad. Es un lugar con todo tipo de suciedades, ausencia de matafuegos, cuchetas en los pisos, en forma calcada al de cualquier textil trucha y esclavista.



Esta no sería la única textil “trucha” de Vera, ya que le pertenecería la totalidad o una buena parte de la supuesta cooperativa Soho, en cuya dirección puso a su colaborador Ezequiel Conde.



Por último, los denunciantes le solicitaron a la Justicia que también sean investigados otros delitos tales como cohechos realizados a empresarios textiles para no denunciarlos o efectuados a cooperativas para gestionar la entrega de parte de juzgados de maquinaria incautada y que se analice, si en vez de la ONG La Alameda, lo que realmente existe es una Asociación Ilícita, conforme el Código Penal de la Nación Argentina.




Alicia Panero

 



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Martes 28 de marzo de 2017

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