America Latina

Ha sido una fatal coincidencia para la economía venezolana. Entre viernes y sábado General Motors y United Airlines han dicho no más a la Venezuela de Nicolás Maduro. Cada una de esas compañías dejará de trabajar por distintos motivos, que no se pueden desvincular, sin embargo, del desplome generalizado del país sudamericano y de unas reglas que pretender reinventar la manera de hacer negocios en las economías modernas.

 

General Motors anunció el viernes que “cesaba definitivamente” sus operaciones luego de que en abril el Tribunal Supremo de Justicia anunciara el embargo de sus bienes, como respuesta a una demanda que introdujo hace 17 años un franquiciado del estado de Zulia (noroccidente del país), cesado, según el fabricante estadounidense, por mal desempeño. Tenía 69 años en el país.

 

La empresa ha tomado esta drástica medida, que implica el despido de 2.678 trabajadores, y afecta a 79 sucursales en todo el país y a sus proveedores, que representan más de 55% de la industria nacional de autopartes, porque la Sala Constitucional le ha negado un recurso de avocamiento, es decir, cuando se solicita que el juicio sea sustraído de su tribunal competente. “A pesar de las numerosas peticiones de General Motors para reunirse con las autoridades venezolanas, discutir la situación y encontrar una solución, la empresa no recibió ninguna respuesta afirmativa”, afirmaron en un comunicado. “La compañía ratifica que ejercerá vigorosamente todas las acciones legales a su alcance dentro y fuera de Venezuela, en busca del resarcimiento de todos los daños injustamente originados en su contra”, finalizaron.

El gobierno ha dicho que no tiene intenciones de ocupar General Motors en reiteradas ocasiones y ha rechazado que lo vinculen con una disputa legal entre dos particulares, como señaló el ministro del Trabajo Francisco Torrealba.

Las cifras de la Cámara Automotriz de Venezuela revelan la drástica caída de la producción de la compañía en la última década. En 2006, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez anunció el viraje al socialismo del proceso bolivariano, General Motors fabricaba 68.147 coches y era la líder de todas las marcas que ensamblaban en el país. En diciembre de 2016, en cambio, no produjo un solo vehículo. La debacle de General Motors es la prueba de un sector que apenas trabaja. Hace diez años Venezuela armaba 171.715 automóviles. En 2016 todas las automotrices entregaron a los concesionarios 2.849 coches para la venta.

Naufragio de los controles

Tan precaria producción se explica en parte por el naufragio de control cambiario vigente en Venezuela desde febrero de 2003. Las compañías automotrices solicitaban al gobierno las divisas para importar las partes que necesitaban para armar los vehículos. Con la caída de los precios del petróleo y la urgencia de cumplir con sus acreedores el gobierno de Maduro decidió no entregar más divisas para la empresa privada y diferir el pago de la deuda que mantenía con las compañías transnacionales, que aspiraban a convertir en dólares sus ingresos en la moneda local, el bolívar.

Para evitar acumular más pérdidas General Motors decidió cerrar su planta principal de Valencia, en el centro industrial del país, pero United Airlines, y casi todas las compañías aéreas extranjeras, dejaron de vender asientos en bolívares. Este sábado la aerolínea estadounidense anunció que a partir del 1 de julio volaría por última vez entre Houston y Caracas. Del país ya se marcharon Alitalia, Lufthansa, Latam, Aeroméxico, Air Canadá y Gol. Iberia, Air Europa, American Airlines y Aerolíneas Argentinas han reducido sus frecuencias y el tamaño de los aviones que llegan a Maiquetía, la terminal más importante.

En la declaración ofrecida a Reuters la compañía aseguró que la decisión no obedece a una disputa sobre pagos. “En todo mercado que servimos, nosotros revisamos continuamente la demanda de servicio. Debido a que el servicio Houston-Caracas no está cubriendo nuestras expectativas financieras, hemos decidido suspenderlo”, respondió el portavoz de la aerolínea, Charles Hobart, en un correo electrónico. Hasta el año pasado la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata, por sus siglas en inglés) aseguraba que el gobierno adeudaba a sus afiliadas unos 3.780 millones de dólares

El vuelo era utilizado por los ejecutivos de las petroleras con sede en el estado de Texas, pero el turismo ha decaído debido a la pérdida de atractivo de Venezuela como destino, lastrado por toda clase de incomodidades y carente de una estructura adecuada para atender a los visitantes. Ahora tendrán que llegar hasta Miami para poder conectar con alguno de los aeropuertos venezolanos.

NEUMÁTICOS Y PASTAS DE DIENTE

La planta de la italiana Pirelli también anunció el sábado que cesaba temporalmente sus operaciones por falta de materia prima. El comunicado que entregaron a la prensa, sin embargo, pronosticaba que la contingencia “tendrá un desenlace positivo para satisfacción de trabajadores y consumidores Nuestro objetivo es seguir apostando al desarrollo de Venezuela”.

La falta de neumáticos es especialmente relevante en Venezuela -cuyo parque automotor es, después de Cuba, el más viejo del continente- porque hay muchos coches con llantas lisas y jirones a la vera de las vías. El 26 de enero Pirelli ya alertaba sobre los problemas que tenían para producir porque no recibían toda la materia prima que necesitaban. Seis meses después, como tantas otras empresas, esperan por la llegada de los buenos tiempos.

ALFREDO MEZA

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que fue asesinado la noche de este miércoles el juez de la corte primera del circuito judicial del área metropolitana, Nelson Moncada, de 37 años, quien ratificó la condena de 13 años, nueve meses y siete días de prisión al dirigente opositor Leopoldo López, por delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir.

El juez circulaba en su camioneta Toyota 4Runner gris plomo, placas A4276UR, cuando fue atacado a tiros por sujetos que arremetían contra manifestantes y habitantes de la zona.

De acuerdo con el relato de testigos, en el lugar había manifestación, y llegaron sujetos armados a dispersarlos y el juez pasaba por el lugar.

Cuando intentó atravesar una barricada, los sujetos le dispararon. Murió en el sitio y le robaron sus pertenencias.

Moncada estaba como juez suplente permanente en la Corte de Apelaciones, sala 1 del Área Metropolitana de Caracas.

El Ministerio Público designó al fiscal 36 con competencia nacional para investigar el asesinato.

Luisa Acosta

 

 
Lenín Moreno asume como presidente de Ecuador
 
Lenin Moreno, el nuevo presidente ecuatoriano.Mariana Bazo/Reuters

Este miércoles, Lenín Moreno asume como el nuevo presidente de Ecuador, tras diez años de gobierno de Rafael Correa. Una investidura que llevará a Moreno a hacer frente a desafíos como el de reconciliar a una sociedad mucho más dividida y polarizada que hace una década.

Lenín Moreno tiene previsto llevar a cabo una política distinta a la de su mentor, debido a una recomposición de la escena política ecuatoriana, con una mayor presencia de la oposición.

La oficialista Alianza País seguirá siendo mayoría en el Parlamento hasta 2021, pero los vaivenes políticos le han hecho perder dos tercios de los escaños que permitieron a Correa, entre otras cosas, modificar la Constitución haciendo al cargo de presidente reelegible indefinidamente. Moreno deberá hacer del diálogo la receta para evitar que los grupos aliados abandonen su campo.

El panorama se complica con la situación económica actual de Ecuador, donde la deuda externa se eleva a 26 mil millones de dólares y su principal producto, el petróleo, depende de la subida internacional de los precios.

En su gabinete, para las estratégicas carteras de Economía y Petróleo, Moreno eligió a un académico y a un experimentado ejecutivo. Además, el nuevo presidente ya ha tendido la mano a distintos sectores de la sociedad ecuatoriana, como el de la banca privada, duramente criticada por Correa durante su década de mandato.

Por Paula Estañol

En muchas provincias argentinas, como en casi toda América Latina, la política es cosa de familia. Auténticas sagas de hermanos, hijos y nietos de caciques locales dominan el poder político, económico y judicial.

Y en La Rioja, esa familia se llama Menem. Ese apellido es capaz de ganar elecciones simplemente con pronunciarlo, prácticamente sin aparecer. Tiene tanta fuerza que Carlos Saúl Menem, el patriarca de la saga, expresidente de Argentina entre 1989 y 1999, ha decidido volver a presentarse como candidato a senador a los 86 años y con importantes problemas de salud. Y lo más probable es que gane, aunque no podrá viajar mucho a la provincia y hará campaña desde Buenos Aires, donde vive, a más de 1.000 kilómetros.

 
 

Menem sigue dominando a distancia la provincia de la que fue gobernador, y de la que su hermano Eduardo también fue senador. Y ya tiene un relevo: su hija Zulemita, que se prepara a los 46 años para dar el salto a la política. Ambos confirmaron juntos, en la fiesta del aniversario de la fundación de la capital de la provincia, que él va a repetir como cabeza de lista en el Senado y ella está pensando si da el salto. "Voy a ser candidato en octubre. La gente me alienta a seguir trabajando por mi querida provincia y por supuesto por la República Argentina", explicó el patriarca. Menem, que ahora es senador, se garantizaría así la continuidad de la inmunidad parlamentaria. El expresidente, que vivió siempre con problemas judiciales, fue condenado por contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador y está esperando una apelación al Tribunal Supremo.

La Rioja es una pequeña y despoblada provincia del oeste del país, que vive sobre todo del vino, la industria a la que se dedicó el padre de Menem, un inmigrante sirio. Pero en Argentina no es tan importante si las provincias son estratégicas o tienen fuerza económica. Lo único relevante son los votos que tienen sus diputados y senadores, claves en un Congreso como el actual, donde nadie tiene mayoría. Y el peronista Menem, que siempre ha sabido colocarse cerca del poder, vuelve a ser clave.

Primero fue enemigo mortal de Néstor Kirchner, al que humilló en 2003, cuando decidió no presentarse a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Menem había ganado a Kirchner en primera vuelta por una escasa diferencia. 24% frente a 22%. En la segunda, todos se iban a unir contra el expresidente, al que la mayoría de los argentinos responsabiliza por los excesos neoliberales de los 90 que llevaron al estallido de 2001. Entendió que iba a perder y decidió no presentarse, dejando que Kirchner llegara al poder con ese 22%. Pero Menem supo reinventarse y acabó siendo un aliado de los Kirchner, lo que le permitió seguir controlando el poder en La Rioja.

Después llegó Mauricio Macri, y Menem supo reinventarse otra vez. El expresidente, con algunas dificultades de movilidad, acudió al Senado en marzo de 2016 para votar a favor del acuerdo con los fondos buitre que permitió a Argentina volver a los mercados financieros internacionales para endeudarse de nuevo. Fue uno de los grandes hitos de Macri y el expresidente estaba allí apoyando. Siempre en el lugar adecuado. Esa cercanía con el macrismo permitió que el ministro del Interior, Norberto Frigerio, recibiera hace un mes en su despacho a Zulemita para hablar de los problemas de la provincia. Una foto con un mensaje: los Menem siguen mandando en La Rioja, ahora con el apoyo de Macri.

A pesar de los años transcurridos desde los 90, la era dorada de los Menem, los excesos de la que fuera familia presidencial siguen siendo material combustible para los medios argentinos. La exmujer del patriarca, Zulema Yoma, acude con regularidad a los tribunales para denunciar que la muerte de su hijo, Carlos, en un accidente de helicóptero en 1995, fue en realidad un atentado, y acusa al padre de ocultar la verdad. El caso nunca fue aclarado y las teorías conspirativas mantienen la atención. Más apartado está el otro hijo, Máximo, que tuvo con la ex miss universo chilena Cecilia Bolocco, con el que no tiene relación. Nadie en Argentina es indiferente a los Menem, que dominaron toda una época muy criticada, tanto que algunos incluso evitan pronunciar el apellido porque supuestamente trae mala suerte –se refieren a él como Méndez-. Pero en La Rioja sigue siendo imbatible a sus 86 años.

CARLOS E. CUÉ

 

Se ordenó igualmente a la autoridad de la entidad que gire las instrucciones necesarias a su respectivo cuerpo de policía estadal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y, en ese sentido, ordene que se desplieguen las acciones preventivas y de control del delito.

CARACAS.-La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordena al gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos, además, proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos y mantener las vías y zonas adyacentes a éstas libres de barricadas.

 

En la sentencia N° 389/2017 ordena cumplir con su labor de ordenamiento del tránsito de vehículos para garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas y ejercer la protección de los vecinos y habitantes de la entidad, impidiendo reuniones que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas y estupefacientes; garantizar la protección a los niños, niñas y adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías de conformidad con lo establecido en el Texto Fundamental y Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Se ordenó igualmente a la autoridad de la entidad que gire las instrucciones necesarias a su respectivo cuerpo de policía estadal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y, en ese sentido, ordene que se desplieguen las acciones preventivas y de control del delito.

La sentencia señala que, de conformid ad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el amparo cautelar debe ser acatado por el gobernador Capriles, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem o en las faltas que pueda calificar el Consejo Legislativo de la entidad federal.

Finalmente la Sala Constitucional ordenó remitir copia de la presente decisión al Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda.

DLA

El Gobierno de Macri les dará los documentos para acceder a agua, luz y cloacas de forma legal.

No aparecen en los mapas urbanos, no figuran sus calles, las ambulancias se pierden al intentar llegar, no pagan agua ni luz. Para muchos no existen. Pero si se pusieran juntas, las llamadas “villas miseria”, los poblados chabolistas de Argentina, ocuparían 330 kilómetros cuadrados, más espacio que la ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de Mauricio Macri, apoyado sobre el terreno por organizaciones sociales cercanas al Papa Francisco, ha elaborado un gran censopara entregarles a todos, por primera vez, un “certificado de vivienda”, un paso previo a llegar a un título de propiedad en el futuro. Con él podrán hacer contratos de agua, luz, y otros servicios. El censo ha encontrado 4.100 asentamientos en todo el país donde viven casi 1,5 millones de personas. Y es preliminar.

Tres millones de argentinos viven en villas miseria

 La imagen de la villa 31, la más emblemática de Buenos Aires, que empezó en los años 30, tras el crack del 29, se amplió en los 90 y se disparó desde el desastre de 2001, es una de las cosas que más impacta a los extranjeros cuando llegan desde el aeropuerto a La Recoleta, el barrio más caro de la ciudad, a pocos metros. Pero la 31, donde viven 40.000 personas, es solo una parte muy pequeña del problema de las villas miseria, una muestra de pobreza estructural que descoloca en un país que llegó a ser uno de los más ricos del planeta.
 

Estos números han quedado registrados en un decreto presidencial, que garantiza a todos ese “certificado de vivienda” que hará que existan para el Estado y podrá en el futuro llegar a un título de propiedad. “Vamos poco a poco porque hay muchas tierras que son propiedad de municipios, de provincias, de empresas públicas. Pero es el primer paso para llegar en el futuro a entregar cientos de miles de títulos de propiedad”, explican en la Casa Rosada. En la 31 ya se está avanzando para entregar títulos de propiedad pagados con créditos.

"Se trata de un documento que legaliza nuestro domicilio y reconoce nuestro derecho a la ciudad. A acceder a la red pública de agua, electricidad y cloacas. Además, nos permite exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos; todos los servicios necesarios para un buen vivir. Hasta ahora, parece que nosotros vivimos en los barrios, pero nuestros derechos no. El Certificado de Vivienda Familiar es el primer paso en un largo camino hacia la integración plena de nuestros barrios. Esta es una reivindicación que se inscribirá entre las grandes conquistas de nuestro pueblo. Pero esto recién empieza", explican las asociaciones en un comunicado.

Es una batalla histórica, que también fue clave en Brasil, donde Lula prometió títulos de propiedad para todos aunque luego en la realidad tuvo tantos problemas legales que el proyecto se quedó a medias. Con este tipo de decisiones el Ejecutivo macrista busca también que dejen de clasificarle dentro de la derecha latinoamericana, algo que él siempre rechaza. "La precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de las personas, limitando el acceso a la infraestructura y a los servicios públicos, lo que contribuye a la generación de situaciones de pobreza, marginación y fragmentación social", admite el decreto firmado por Macri.

Las villas miseria empezaron con la industrialización, cuando miles de campesinos llegaron a las ciudades. Pero era un fenómeno pequeño que se ha disparado en los últimos años. De hecho, de los 4.100 asentamientos relevados, 749 se crearon después de 2010, una etapa en la que Argentina estaba creciendo, lo que muestra la enorme desigualdad de un país con más de un 30% de pobreza.

“La gran explosión llego después de 2001, pero las personas de las villas son jóvenes –el 38% tiene menos de 35 años y apenas hay mayores de 65- que van teniendo hijos y ellos a su vez forman otras familias que hacen más villas, por eso crece a partir de 2010. Lo que hay es una pobreza estructural que se va consolidando, la Universidad Católica ya dijo que hay 1,5 millones de pobres más desde que llegó el nuevo Gobierno”, señala Walter Córdoba, responsable de Barrios de Pie en Buenos Aires. “Es muy importante este registro”, añade Córdoba. “En los mapas oficiales no figuran las áreas de estos barrios. Ahora se les reconoce y podrán acceder a servicios. Estos certificados de vivienda no son transferibles. Así se lucha también contra las mafias que controlan los alquileres. Hasta ahora ni los nombres de los barrios se reconocían. No creemos que sea el momento de dar la propiedad porque mientras no haya servicios sería como lavarse las manos”, remata. A partir de ahora empieza la parte más lenta, pero las villas miseria argentinas ya existen, por decreto, y con certificado de vivienda.

“PODEMOS PAGAR, SOBRE TODO SI ES LEGAL”

RAMIRO BARREIRO

Cada noticia que los medios publican acerca del proceso de urbanización de villas y asentamientos retumba primero en los barrios. En este caso, los titulares se han metido con un tema crucial: el reconocimiento legal de la residencia. Una recorrida de EL PAÍS por la Villa 31, la más emblemática de Buenos Aires, revela que si bien pocos vecinos saben que recibirán un certificado de vivienda, la propuesta es acogida con entusiasmo. “Me gustaría que me den el título de propiedad y estoy dispuesto a pagar por él. En la villa podemos pagar pero deberá ser una tasa cómoda porque hay que pensar en la canasta de alimentos, que cada vez se encarece más”, dice Nicolás González, un técnico industrial nacido en Bolivia hace 59 años y que pasó desempleado el último mes y medio.

“Hace 26 años que vivo en la villa y yo acá tuve que comprar mi propiedad y arreglarla. Llevo invertidos medio millón de pesos (unos 31.000 dólares) en materiales y generaría mucha confianza que nos reconozcan eso”. Nicolás vive en una de esas casas árbol, que se montan una arriba de la otra y se accede a las habitaciones mediante una escalera caracol. “Uno puede pagar y sobre todo si es legal, con agua, cloaca y cable sin necesidad de colgarse ilegalmente”, imagina el hombre. Elizabeth coincide; tiene 23 años y lleva a su hija dormida en brazos. Se dirige a una de las salidas de la villa surcando un callejón angosto y por momentos inundado: “No estaría mal que titulen en favor de los vecinos actuales, porque podríamos vivir mejor y beneficiaría la seguridad del barrio porque se terminaría uno de los negocios del barrio”.

Los anuncios sobre titularización y los censos oficiales que se han realizado en la 31 sólo alentaron la llegada de nuevos pobladores que sólo extendieron las fronteras del barrio y entorpecieron el proceso de urbanización. Es por ello que muchos temen que la entrega de títulos generaría una corrida inmobiliaria de aquellos que llegaron primero y se apuraron en hacer “la losa”, como se llama a la construcción del piso de piedra originario de toda construcción. La entrega de un certificado de vivienda antes de la titularización parece ser la solución para que se reconozca a los vecinos originales.

Santiago Leguía tiene 51 años y vive hace cuatro en la 31. Recién se recupera de una fractura en su cervical, producto de un accidente que sufrió gracias a la inseguridad estructural del barrio. Ingresando a su casa, ubicada unos cuantos metros arriba, cayó desplomado al suelo y quedó inconsciente. No fue el único contratiempo que debió atravesar: en los últimos años fue despedido dos veces por reducción de personal de los talleres textiles en los que trabajaba. Hoy hace changas dentro del barrio y suplica que “ojalá se acuerden de todos los vecinos de la villa y no sólo de los que son conocidos de los referentes”.

El hombre que también es padre de dos hijos pequeños empezó pagando 1.000 pesos (61 dólares) por el arriendo de una pieza dentro de la villa. Hoy abona 2.000 (unos 124 dólares). “¿A quién no le gustaría tener su título de propiedad en esta ciudad?”, se pregunta el hombre nacido en Perú al ser consultado por este diario. “Me sentiría más tranquilo porque hoy siento que pago un alquiler que no me reditúa nada a futuro. Es justamente el futuro lo que tendríamos garantizado si nos convertimos en dueños”. Es así como la villa abandonaría por fin una emergencia que se extiende desde hace más de un siglo.

CARLOS E. CUÉ

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