EE.UU

Luz verde judicial a la ofensiva para intentar salvar a los dreamers, los inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos. Un juez federal ha permitido a 16 Estados y el Distrito de Columbia demandar al Gobierno de Donald Trump para tratar de revertir su decisión de acabar con el programa DACA, que protege de la deportación a ese colectivo y que se ha convertido en un caballo de batalla de los grupos migratorios.

El Departamento de Justicia anunció en septiembre el fin de la directiva del Gobierno de Barack Obama, que concede permisos temporales de residencia legal en EE UU para unos 800.000 inmigrantes adultos para trabajar, estudiar o servir en el Ejército. El programa está previsto que finalice el próximo 5 de marzo. En un difícil juego de equilibrios, el presidente Trump —cuya política de mano dura en inmigración le catapultó a la Casa Blanca— ha instado al Congreso a aprobar una ley que impida la deportación de los dreamers a cambio de adoptar políticas restrictivas en seguridad, como su proyecto de construcción de un muro fronterizo con México.

Tras el anuncio del Gobierno, una decena de Estados —gobernados por demócratas como Nueva York y Virginia pero también republicanos como Massachussetts y Iowa— anunciaron que lo recurrirían. El Departamento de Justicia pidió que se desestimara ese recurso alegando que el programa de Obama era “inconstitucional” porque se aprobó en 2012 por decreto y también porque el desmantelamiento de DACA iba a ser gradual. 

Sin embargo, Nicholas Garaufis, juez federal de Brooklyn, permitió el jueves que el recurso siguiera adelante. El magistrado consideró válido el argumento de los Estados de que el fin del programa migratorio afectaría a empresas y universidades, y calificó de “no persuasiva” la opinión del Gobierno de que la protección a los dreamers no puede revisarse legalmente.

El recurso esgrime que la decisión del presidente republicano es discriminatoria, lo que vulneraría la protección de igualdad bajo la ley amparada por la Constitución. El juez Garaufis permitió que ese recurso prosiguiera, así como otro de un inmigrante de 26 años, que a los seis años llegó a EE UU desde México, que ha demandado la rescisión de su permiso de trabajo en 2015.

En paralelo, otros cuatro Estados, demócratas y republicanos, han interpuesto en la justicia de California otro recurso contra el plan de Trump.

El futuro de los dreamers es un asunto de elevada carga política, económica y social en EE UU, que corre el riesgo de girarse en contra de Trump. Un 82% de los votantes, incluidos cerca de un 70% de republicanos, opina que los dreamersdeberían poder quedarse legalmente en EE UU y solicitar la ciudadanía, según una encuesta de finales de septiembre de la Universidad Quinnipiac. Un 10% considera que deberían ser forzados a abandonar EE UU y un 6% cree que deberían poder quedarse en el país pero sin convertirse en ciudadanos de pleno derecho. 

Las tensiones entre Estados y Gobierno federal son una constante de la historia de EE UU. Durante los ocho años de Gobierno del demócrata Obama, fueron frecuentes los recursos judiciales de Estados mayoritariamente conservadores contra decretos aprobados por la Casa Blanca, desde asuntos migratorios a medioambientales. En los nueve meses de presidencia de Trump, la batalla judicial de Estados progresistas, como California y Washington, ha logrado a paralizar en tres ocasiones un veto a la entrada a EE UU de inmigrantes de países musulmanes.

JOAN FAUS

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el lunes que los ciudadanos de Nicaragua deberán regresar a su país antes de enero de 2019.

La Casa Blanca presionó a la responsable interina del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) el pasado lunes para que expulsara a 57.000 hondureños y 2.500 nicaragüenses que residen en Estados Unidos actualmente, según fuentes citadas por The Washington Post. El jefe de gabinete de Donald Trump, el general John Kelly, llamó a Elaine Duke advirtiéndole de que prolongar la estancia de los ciudadanos centroamericanos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés), que ofrece permiso de residencia a inmigrantes de varios países, “impide la estrategia global” de la Administración.

El pasado lunes vencía el plazo para que el Departamento de Seguridad Nacional decidiera sobre la estancia de los inmigrantes de ambos países centroamericanos. Pese a la llamada de Kelly, y de otro asesor de la Casa Blanca, Duke no cedió y anunció, como ya había planeado, que el programa será retirado para los nicaragüenses. Con respecto a los hondureños, la ministra retrasó su dictamen por no tener suficiente información, según indicó. Los dos colectivos pasaron a obtener el permiso TPS tras la devastación que causó el huracán Mitch en Centroamérica en 1998. Los nicaragüenses disponen hasta enero de 2019 para salir del país o conseguir otro permiso de residencia.

“Como con muchos asuntos, hay una variedad de opiniones dentro de la Administración sobre cualquier política o decisión. La directora interina tomó las opiniones y consejos e hizo su decisión sobre el TPS basado en la legalidad”, defendió Jonathan Hoffman, el portavoz de la agencia federal, tratando de limar las asperezas. Pero según las fuentes citadas por el Post, Duke percibió las llamadas de la Casa Blanca como una intromisión política. Kelly estaba frustrado por “la falta de determinación” de Duke.

 

El Departamento deberá tomar la misma decisión el año que viene cuando caduquen los permisos de 50.000 haitianos y 200.000 salvadoreños. Para entonces es probable que el ministerio esté liderado por la recientemente nominada Kirstjen Nielsen, cercana al núcleo duro de Trump, por lo que existen mayores posibilidades de que sean expulsados.

La presión de la Casa Blanca así como la retórica del presidente Trump desde hace meses demuestran que para la Administración el TPS es un programa destinado a morir. “El nombre del programa, Estatus de Protección Temporal, explica mucho de esto. Fue puesto en marcha hace 20 años por incidentes naturales en esos países”, afirmó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. Días antes, el Secretario de Estado, Rex Tillerson, comunicó a Duke en una carta que las condiciones de vida en Honduras y Nicaragua habían mejorado y gozaban de estabilidad suficiente para que los ciudadanos residiendo en EE UU regresaran a sus países.

NICOLÁS ALONSO

La fecha límite para renovar DACA era el 5 de octubre y, aunque 154.000 jóvenes reunían los requisitos para volver a solicitar ese permiso, 22.000 no lo hicieron, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

WASHINGTON.- Unos 7.900 "soñadores", jóvenes indocumentados que llegaron a EEUU de niños, ya han perdido la protección de DACA como resultado de la decisión del presidente, Donald Trump, de acabar con ese programa, según un estudio del centro de pensamiento progresista Center for American Progress.

 

El estudio, publicado hoy, habla de las consecuencias que la decisión de Trump ya está teniendo en los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), proclamado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, y que protegió de la deportación a 800.000 jóvenes.

Trump acabó con el programa el 5 de septiembre, pidió al Congreso que buscara una solución legislativa en seis meses (antes del 5 de marzo de 2018) y ofreció a los "soñadores" la posibilidad de renovar su inscripción a DACA si su permiso expiraba entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018, es decir, entre la fecha de su anuncio y el límite dado al Legislativo para actuar.

La fecha límite para renovar DACA era el 5 de octubre y, aunque 154.000 jóvenes reunían los requisitos para volver a solicitar ese permiso, 22.000 no lo hicieron, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

De esa forma, cada día, 122 "soñadores" pierden el amparo de DACA, según el estudio publicado hoy por el Center for American Progress y que traza sus conclusiones a partir de datos oficiales.

Según el centro de pensamiento, 851 personas pierden el amparo de DACA cada semana y 7.901 "soñadores" ya han visto expirar su permiso migratorio desde que Trump anunció el fin del programa, que les permitía frenar su deportación, obtener un permiso temporal de trabajo y una licencia de conducir.

El Departamento de Seguridad Nacional ha insistido en varias ocasiones en que, aunque ya no tengan la protección de DACA, los "soñadores" no son una prioridad para la deportación, por lo que los agentes migratorios, en teoría, están esforzándose en perseguir a inmigrantes con antecedentes penales y no a "soñadores".

Sin embargo, en su estudio, el centro de pensamiento progresista menciona algunos polémicos casos en los que las autoridades han detenido a beneficiarios de DACA.

El centro pone de ejemplo al mexicano Daniel Ramírez Medina, el primer "soñador" en ser detenido tras la llegada de Trump a la Casa Blanca y al que el Gobierno acusa de tener nexos con pandillas, algo que él niega, pero que ha hecho que su amparo migratorio sea rescindido.

Más allá de la posibilidad de ser deportados, con el fin de DACA, los "soñadores" pueden perder sus empleos, pues el permiso migratorio les otorgaba una autorización temporal para trabajar.

Según el Center for American Progress, el 91 % de los "soñadores" tiene empleo y, además, al poco de recibir DACA, un 6 % de esos jóvenes inició su propio negocio, que en ocasiones da trabajo a ciudadanos estadounidenses y que incluye iniciativas tan importantes como empresas de innovación tecnológicas.

Si el Congreso no encuentra una solución legislativa para los "soñadores", 685.000 trabajadores serán deportados, lo que provocará una pérdida de más de 460.300 millones de dólares para el producto interior bruto (PIB) de EEUU en la próxima década, según el Center for American Progress.

Asimismo, con el fin del programa, muchos perderán acceso a sus permisos de conducir, pues mientras DACA permitía a los "soñadores" obtener esas licencias en todo el país, los indocumentados solo pueden acceder a carnés de conducir en 12 de los 50 estados y en el Distrito de Columbia.

Con su estudio, el centro de pensamiento insta al Congreso a aprobar cuanto antes una solución legislativa para los "soñadores" y no esperar al 5 de marzo de 2018, cuando acaba el plazo.

Actualmente, el Legislativo se encuentra dividido en líneas partidistas, pues los demócratas quieren aprobar una ley "limpia" que sirva para regularizar la situación de los "soñadores", mientras que la mayoría de los republicanos condiciona su ayuda a la aprobación de fondos para seguridad fronteriza.

Entre las propuestas legislativas que se están debatiendo en el Congreso figura el "Dream Act", una ley que cuenta con el apoyo de legisladores de ambos partidos y que podría beneficiar a 3,4 millones de personas, según cálculos del Instituto de Política Migratoria, un grupo progresista.

El Congreso se planteó, por primera vez, la situación de los "soñadores" en 2001 con el "Dream Act" y, en 2013, estuvo cerca de regularizar su situación mediante una reforma migratoria, que acabó bloqueada en el Congreso y habría beneficiado a buena parte de los once millones de indocumentados que viven en el país.

 

 

 

 

FUENTE: EFE

Las piezas del rompecabezas del terror empiezan a componerse en Texas. La policía presume que Devin Kelley cometió la masacre del domingo en la iglesia baptista de Sutherland Springs, con 26 muertos y 20 heridos tras soltar una lluvia de balas de fusil semiautomático, por "problemas domésticos". El asesino, de 26 años, había amenazado a su suegra, que asistía a la iglesia que atacó –aunque este domingo no había ido al servicio religioso–. Kelley murió tratando de escapar del lugar de la masacre. Era un exsoldado expulsado de la Fuerza Aérea por maltratar a su esposa y a su hijo.

Mientras la policía va desgranando lo sucedido, los lugareños de esta zona rural y de fuerte raigambre religiosa permanecen desgarrados por la masacre. Charlie Young, expolicía de 71 años, barruntaba esta mañana apoyado en su furgoneta: "Esto es cosa del diablo. Él sabe que cada vez falta menos para el día de la llegada de Jesús y está aprovechando el tiempo que le queda. Y está haciendo bien su trabajo". Young, un texano amable de bigote blanco, no cree que exista un problema con la regulación del acceso a pistolas y rifles en Estados Unidos. Repite el mantra de los defensores de las armas: "Ellas no matan. Matan las personas. Nosotros hemos crecido entre armas y nunca hemos tenido problemas", dijo mirando a su amigo Connie Ring, 82 años, conductor de tráiler retirado, animándolo a hablar.

–Ningún problema –ratifica Ring.

 

–¿Ustedes tienen armas en casa?

–Tenemos un poquito de todo –respondió.

Para ellos no cabe duda de lo que pasó el domingo en la iglesia. Satán poseyó a Devin Kelley, lo armó con dos pistolas y un fusil de asalto Rueger AR-15, lo subió al coche vestido con un uniforme negro de combate, lo detuvo de camino en una gasolinera para llenar el tanque de combustible y lo dirigió a la capilla de Sutherland Springs, un pueblito de medio millar de vecinos, anodino, con sus casas familiares de madera, su oficina postal, sus campos alrededor de amarillo otoñal, y le dijo: "Dispara, mátalos a todos". Y Devin Patrick Kelley salió del coche hacia la iglesia con la cara cubierta por una máscara con el dibujo de una calavera. 

DOS VECINOS A LA CAZA DEL ASESINO

A Davin Kelley lo paró un vecino que le disparó con un rifle desde fuera de la iglesia. Herido, no pudo continuar con la masacre. Tiró el fusil de asalto y se fue hasta su coche para escapar de allí, aún con dos pistolas en su vehículo. El hombre que le disparó, cuyo nombre no se ha revelado aún, le pidió a un joven que tenía su coche allí que salieran en búsqueda del asesino. "Y eso es lo que hice", dijo a la prensa Johnnie Langendorff, el conductor improvisado, un veinteañero de expresión agradable con sombrero de vaquero y la calavera de una vaca tatuada en el cuello. Condujeron tras Kelley a más de 150 kilómetros por hora por carreteras comarcales y tras 15 minutos de persecución, el asesinó se salió de la carretera. La policía lo encontró muerto con dos heridas de balas, la que le infligió el vecino y otra que se hizo a sí mismo, lo que apunta a que Kelley cerró su huida imposible suicidándose.

Dentro los fieles celebraban su fe. Fuera Kelley apretó el gatillo. Rodeó la iglesia regando de balas el interior y luego entró. Siguió disparando. A algunos los mató acercándose a ellos y ejecutándolos a sangre fría. La víctima mayor tenía 77 años de edad y la menor apenas año y medio. Alrededor de una docena de menores fueron asesinados por Kelley, según avanzaron las autoridades. Allí dentro, en esa iglesia hecha infierno, murieron a balazos una abuela de la pareja del asesino, una mujer embarazada de ocho meses y sus tres hijos; murió la hija de 14 años del pastor de la iglesia; murió un jubilado que se dedicaba a ir por cárceles a leerle la Biblia a los presos; murieron ocho miembros de una misma familia; y una pequeña se salvó, escondiéndose bajo un banco. La iglesia grababa sus eventos y existe un vídeo de lo ocurrido en poder del FBI.

 

Los investigadores vislumbran que la carnicería de Kelley pudo tener como espoleta "sus problemas domésticos". Despedido del Ejército en 2012 por violencia doméstica, Kelley, que vivía a unos 60 kilómetros de Sutherland, se desplazó a cometer su barbaridad hasta la misma iglesia baptista a la que solía acudir su suegra. Ella no había ido esta vez a la capilla. "Sabemos que Kelley le había enviado mensajes de amenaza pero no podemos dar más detalles", ha dicho a la prensa el portavoz de Seguridad de Texas, que descartó otras conjeturas: "Esto no tuvo una motivación racial ni tampoco tuvo que ver con las creencias religiosas".

El Estado de Texas le había denegado a Kelley una solicitud para la portación de armas. Su negativa historia militar le puso trabas, pero no las suficientes. Lo que sí logró fue una licencia de seguridad privada que le permitió comprar el fusil.

Además de los 26 muertos hubo 20 heridos y diez se encuentran hospitalizados en situación crítica. El domingo negro de Sutherland Springs es la mayor matanza con armas de fuego cometida por un tirador solitario en la historia moderna de Texas, y por ahora la quinta peor registrada en Estados Unidos, solo un mes después de la más fatidica, en Las Vegas, que dejó 58 muertos en un concierto.

"¿Cómo nos ha podido pasar esto aquí?", se pregunta Jessica Balcar, de 45 años, del vecino pueblo de Floresville. "Esta es una zona donde dejas el coche abierto cuando aparcas en el supermercado, o abres las ventanas de tu casa por la noche para que entre el fresco. Aquí nos cuidamos unos a los otros, y Jesús nos mantiene juntos, fuertes. ¿Por qué tuvo que venir un asesino de fuera a hacernos esto?". Balcar comenta que alberga "sentimientos muy, muy feos" hacia el fallecido Kelley y que quiere mantener esos pensamientos en su intimidad. Y reclama que se prohíban ya las armas: "Que las tengan los policías. ¡Y nadie más!".

El domingo de madrugada, Sutherland Springs era un lugar oscuro, silencioso, donde sonaban los grillos y brillaba el neón de la Primera Iglesia Baptista aún con el anuncio de la fiesta de Halloween. A 50 metros de la capilla, desde fuera del área acordonada, resultaba imposible imaginar cómo había sido posible que unas horas antes en un lugar tan sencillo y apartado –uno de esos sitios destinados a que jamás pase nade relevante– se hiciera real el escenario de una película de terror.

Entonces nos ponemos a repasar la trayectoria vital de un veinteañero llamado Devin Kelley, sus problemas en el Ejército, sus problemas familiares. Lo observamos en fotos. El pelo lacio, la piel blanca, la nariz con respingo, la cara redonda con barba descuidada, los ojos verdes de párpados pesados. Lo visualizamos con el AR-15 en la mano. Y no sabemos si lo compró Kelley o Satán. Pero sí que estaba en venta.

PABLO DE LLANO

El departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 10 funcionarios más del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quienes llamó “cómplices” en los intentos por socavar la democracia y violar los derechos humanos en Venezuela.

Además, Washington criticó una ley aprobada esta semana que restringe el uso de las redes sociales y los medios electrónicos al ordenar sentencias de hasta 20 años de cárcel para cualquiera que instigue al odio.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) designó este 9 de noviembre a 10 funcionarios conforme a la orden ejecutiva 13692.

Los individuos que figuran en la nueva lista están asociados con socavar procesos electorales, censurar a los medios de comunicación y con actos de corrupción en la administración de programas de alimentos en el país sudamericano.

"A medida que el gobierno venezolano sigue ignorando la voluntad de su pueblo, nuestro mensaje sigue siendo claro: Estados Unidos no se mantendrá al margen mientras el régimen de Maduro siga destruyendo el orden democrático y la prosperidad en Venezuela", dice un comunicado el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

Esta designación se produce un día después que la Asamblea Nacional Constituyente liderada por el oficialismo aprobara una ley de medios denominada “Ley contra el odio”, que busca castigar a quienes promuevan 'el odio' a través de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales.

Por su parte el departamento de Estado confirmó las sanciones contra "el régimen dictatorial de Maduro" e hizo mención al lanzamiento de lo que denominó "una nueva arma para reprimir la libertad de expresión en Venezuela", al referirse a la nueva ley dirigida a los medios de comunicación.

La portavoz del departamento de Estado, Heather Nauert, expresó que mientras Maduro continúe con su régimen dictatorial "nosotros seguiremos aplicando todo el poder económico y diplomático posible para apoyar al pueblo de Venezuela".

Como en anteriores oportunidades en las que se establecieron sanciones contra funcionarios venezolanos, el departamento del Tesoro, señaló que todos los activos de estos individuos, sujetos a la jurisdicción de EE.UU., están congelados, y los estadounidenses tienen prohibido tener trato o hacer negocios con ellos.

Al mismo tiempo, el departamento del Tesoro indicó que la decisión se produce luego de las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017 en Venezuela, las cuales estuvieron marcadas por numerosas irregularidades que sugieren fuertemente que el fraude estuvo presente y ayudó al partido gobernante a ganar inesperadamente la mayoría de las gobernaciones.

"Mantendremos nuestros esfuerzos vigorosos para sancionar a los funcionarios del gobierno venezolano cómplices en los intentos de Maduro de socavar la democracia, violar los derechos humanos, inhibir la libertad de expresión o de reunión pacífica, o involucrarse en la corrupción pública, a menos que rompan con el régimen dictatorial de Maduro", agregó Mnuchin.

La Unión Europea también anunció el miércoles que los países miembros llegaron a un acuerdo para imponer sanciones contra el gobierno de Venezuela y dejan abierta la puerta para sancionar a funcionarios venezolanos en un futuro. Anuncio oficial se realizará el lunes 13 de noviembre.

¿Quiénes son los 10 venezolanos que EE.UU. sancionó hoy?

Sandra Oblitas Ruzza es la vicepresidente y rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), y presidente de la comisión de Registro civil del mismo órgano.

Socorro Elizabeth Hernández De Hernández es rectora del Consejo Nacional Electoral y miembro de la Junta Nacional Electoral de Venezuela. Hernández estuvo involucrada en los cambios que se hicieron a los lugares de votación en los días previos a las elecciones.

Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y previamente ocupó el cargo de primer vicepresidente del mismo órgano.

Julián Isaías Rodríguez Díaz es el embajador de Venezuela en Italia y previamente ocupó el cargo de segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ernesto Emilio Villegas Polak es el nuevo ministro de Cultura de Venezuela y exministro de Comunicación e Información, y también ocupó la presidencia de la estatal Venezolana de Televisión. Villegas Poljak, VTV es acusado de restringir la libertad de prensa y mantener el control de los medios para restringir el proceso electoral democrático.

Jorge Elieser Márquez Monsalve es el nuevo ministro de la oficina de la Presidencia y anterior Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). En agosto de 2017, CONATEL removió del aire, dos canales de televisión colombianos en Venezuela. En febrero de 2017, CONATEL anunció la suspensión de transmisión de CNN en español en el país sudamericano.

Freddy Alirio Bernal Rosales es el Ministro de Agricultura Urbana y encabeza el Centro Nacional de Comando y Control para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de distribución de alimentos administrado por el gobierno de Venezuela.

Bernal Rosales ha sido acusado de actuar en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 10 funcionarios más del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quienes llamó “cómplices” en los intentos por socavar la democracia y violar los derechos humanos en Venezuela.

Además, Washington criticó una ley aprobada esta semana que restringe el uso de las redes sociales y los medios electrónicos al ordenar sentencias de hasta 20 años de cárcel para cualquiera que instigue al odio.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) designó este 9 de noviembre a 10 funcionarios conforme a la orden ejecutiva 13692.

Los individuos que figuran en la nueva lista están asociados con socavar procesos electorales, censurar a los medios de comunicación y con actos de corrupción en la administración de programas de alimentos en el país sudamericano.

"A medida que el gobierno venezolano sigue ignorando la voluntad de su pueblo, nuestro mensaje sigue siendo claro: Estados Unidos no se mantendrá al margen mientras el régimen de Maduro siga destruyendo el orden democrático y la prosperidad en Venezuela", dice un comunicado el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

Esta designación se produce un día después que la Asamblea Nacional Constituyente liderada por el oficialismo aprobara una ley de medios denominada “Ley contra el odio”, que busca castigar a quienes promuevan 'el odio' a través de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales.

Por su parte el departamento de Estado confirmó las sanciones contra "el régimen dictatorial de Maduro" e hizo mención al lanzamiento de lo que denominó "una nueva arma para reprimir la libertad de expresión en Venezuela", al referirse a la nueva ley dirigida a los medios de comunicación.

La portavoz del departamento de Estado, Heather Nauert, expresó que mientras Maduro continúe con su régimen dictatorial "nosotros seguiremos aplicando todo el poder económico y diplomático posible para apoyar al pueblo de Venezuela".

Como en anteriores oportunidades en las que se establecieron sanciones contra funcionarios venezolanos, el departamento del Tesoro, señaló que todos los activos de estos individuos, sujetos a la jurisdicción de EE.UU., están congelados, y los estadounidenses tienen prohibido tener trato o hacer negocios con ellos.

Al mismo tiempo, el departamento del Tesoro indicó que la decisión se produce luego de las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017 en Venezuela, las cuales estuvieron marcadas por numerosas irregularidades que sugieren fuertemente que el fraude estuvo presente y ayudó al partido gobernante a ganar inesperadamente la mayoría de las gobernaciones.

"Mantendremos nuestros esfuerzos vigorosos para sancionar a los funcionarios del gobierno venezolano cómplices en los intentos de Maduro de socavar la democracia, violar los derechos humanos, inhibir la libertad de expresión o de reunión pacífica, o involucrarse en la corrupción pública, a menos que rompan con el régimen dictatorial de Maduro", agregó Mnuchin.

La Unión Europea también anunció el miércoles que los países miembros llegaron a un acuerdo para imponer sanciones contra el gobierno de Venezuela y dejan abierta la puerta para sancionar a funcionarios venezolanos en un futuro. Anuncio oficial se realizará el lunes 13 de noviembre.

¿Quiénes son los 10 venezolanos que EE.UU. sancionó hoy?

Sandra Oblitas Ruzza es la vicepresidente y rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), y presidente de la comisión de Registro civil del mismo órgano.

Socorro Elizabeth Hernández De Hernández es rectora del Consejo Nacional Electoral y miembro de la Junta Nacional Electoral de Venezuela. Hernández estuvo involucrada en los cambios que se hicieron a los lugares de votación en los días previos a las elecciones.

Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y previamente ocupó el cargo de primer vicepresidente del mismo órgano.

Julián Isaías Rodríguez Díaz es el embajador de Venezuela en Italia y previamente ocupó el cargo de segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

Ernesto Emilio Villegas Polak es el nuevo ministro de Cultura de Venezuela y exministro de Comunicación e Información, y también ocupó la presidencia de la estatal Venezolana de Televisión. Villegas Poljak, VTV es acusado de restringir la libertad de prensa y mantener el control de los medios para restringir el proceso electoral democrático.

Jorge Elieser Márquez Monsalve es el nuevo ministro de la oficina de la Presidencia y anterior Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). En agosto de 2017, CONATEL removió del aire, dos canales de televisión colombianos en Venezuela. En febrero de 2017, CONATEL anunció la suspensión de transmisión de CNN en español en el país sudamericano.

Freddy Alirio Bernal Rosales es el Ministro de Agricultura Urbana y encabeza el Centro Nacional de Comando y Control para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de distribución de alimentos administrado por el gobierno de Venezuela.

Bernal Rosales ha sido acusado de actuar en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

VOA

Más de 5.300 nicaragüenses perderán sus permisos para vivir y trabajar en suelo estadounidense. En paralelo, el Gobierno anunció la extensión durante seis meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras.

La administración de Donald Trump anunció el final de la protección migratoria especial de la que gozan más de 5.300 nicaragüenses, por lo que perderán sus permisos para vivir y trabajar en suelo estadounidense. Habrá una prórroga de un año para que se prepararen para la expiración de sus permisos.

Del resto de los países afectados por la caducidad en los primeros tres meses del año que viene del llamado Estatus de Protección Temporal -Honduras, El Salvador y Haiti-, la secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, tomará la decisión en los próximos días, anunció su departamento.

El TPS para Honduras quedó provisionalmente extendido hasta el 5 de julio de 2018, mientras que el de Nicaragua verá su fin el 5 de enero de 2019, de acuerdo con la decisión adoptada hoy por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU.

A unos 86.000 hondureños les prorroga esa protección por seis meses mientras toma una decisión final.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habñia declarado que si EE. UU. no amplía el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de centroamericanos, eso ira contra el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.

"Una decisión contraria con la ampliación del Estatus de Protección Temporal y su regularización definitiva va en contra de los principios que sirven de fundamentos para el Plan Alianza para la Prosperidad" del Triángulo Norte de Centroamérica, indicó Hernández a los periodistas en la Casa Presidencial en Tegucigalpa.

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Honduras y Nicaragua fueron incluidos en la lista del TPS después de que el huracán "Mitch" arrasara Centroamérica en 1998 y esa protección se ha ido renovando desde entonces periódicamente. 

DG (efe, dpa)

La pesadilla recurrente del tirador solitario ha vuelto a sumir este domingo a Estados Unidos en el horror. Un hombre armado entró a mediodía en una iglesia baptista de Sutherland Springs, una pequeña localidad rural de Texas, de menos de 400 habitantes, a una hora en coche de la ciudad de San Antonio, y abrió fuego contra los feligreses. Mató a 26 personas e hirió a una veintena, según el gobernador del Estado, Greg Abbott. Los fallecidos tenían entre cinco y 72 años.

 

Los investigadores apuntan a un conflicto con los padres de su pareja, que acudían habitualmente a la iglesia atacada pero no este domingo. La matanza "no tuvo una motivación racial, y tampoco estuvo relacionado a creencias religiosas. Había un problema doméstico con sus familiares políticos", ha explicado en rueda de prensa este lunes Freeman Martin, del Departamento de Seguridad Pública de Texas. El funcionario añadió que la mujer había recibido "mensajes de texto amenazadores" de su yerno.

 

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.

 

Kelley, exsoldado de la Fuerza Aérea, fue expulsado del Ejército después de ser sometido en 2012 a juicio militar por maltratar a su mujer y a su hijo.

 

Cuando el asesino, Devin P. Kelley, de 26 años, salía de la iglesia, un vecino de la localidad le persiguió y disparó con su rifle. El tirador quedó herido, soltó su fusil de asalto y se subió a su furgoneta para escapar, armado aún con dos pistolas. La iglesia era ya un reguero de muerte y sangre. El hombre que le hizo frente pidió en seguida a otro que estaba en un coche que saliesen en su persecución. Los dos fueron tras Kelley en una carrera a toda velocidad por las carreteras comarcales llegando a superar los 150 kilómetros por hora, contó esta mañana el conductor, Johnnie Langendorff, un joven tocado con un sombrero de vaquero y la calavera de una vaca tatuada en el cuello sobre la traquea. "Me gusta conducir, y conduje todo lo rápido que pude", explicó Langendorff. Tras un cuarto de hora de caza el homicida se salió de la carretera y se estrelló.

La policía ha apuntado que además de la heridad que le infligió el vecino al salir de la iglesia presentaba otra que se podría haber causado él mismo, por lo que existe la posibilidad de que Kelley hubiese terminado su escapada pegándose un tiro.

Anoche el escenario del crimen estaba silencioso. El neón blanco y azul del templo seguía iluminado horas después de la matanza, mientras tras el cordón policial Albino Carvajal, de 37 años, un curioso llegado a la zona, meditaba: “Si alguien de los que estaba en misa hubiera llevado un arma habría impedido que el asesino siguiera matando...”. A su lado, Yosie Martínez, de 47, le replicó; “Albino, ¿pero quién va a ir con una pistola a misa?”.

La de Sutherland Springs es la quinta masacre con armas de fuego con más muertos en la historia de Estados Unidos y pone una vez más sobre el tapete el debate nacional en torno a la regulación del acceso de civiles a armas de fuego.

 

La tragedia ocurrió en plena misa. Kelley, vestido de negro y armado con un rifle semiautomático Ruger AR, irrumpió de improviso en la Primera Iglesia Baptista de Sutherland Springs (condado de Wilson) y disparó indiscriminadamente con una potente arma de fuego contra los asistentes, según testigos. Los vecinos oyeron al menos 20 disparos. Dos de los muertos fueron encontrados fuera de la parroquia; 23 dentro. La víctima mortal restante murió en un hospital. En la eucaristía participaban unas 50 personas.

El templo es una construcción sencilla, de planta rectangular, donde cabe medio centenar de personas. Sutherland Springs es el típico pueblo rural de Texas, de casas dispersas. Puro campo, un territorio que llevaba décadas sin sobresaltos que en diez minutos vivió una pesadilla. Las cinco casitas que hay frente a la iglesia se han quedado vacías porque sus moradores se fueron tras la masacre, cuenta un policía que custodia el cordón de seguridad, que cierra un perímetro a unos 30 metros de distancia de la Primera Iglesia Baptista.

En ese cordón conversan Albino Carvajal y Yosie Martínez, las dos personas en este momento rinden tributo a las víctimas. El resto son policías y periodistas. Miran el luminoso blanco y azul que aún llama a participar en la fiesta del 31 de octubre, la misma noche de la Halloween, el último evento que organizó la iglesia. Solo hay un ramo de flores. "Hemos venido a mostrar nuestro respeto a las víctimas", cuenta Carvajal antes de debatir con su amigo qué hubiera pasado si uno de los feligreses hubiera estado armado.

La iglesia atacada acostumbra a grabar en vídeo sus misas, por lo que investigadores del Estado de Texas afirmaron a medios estadounidenses que en el registro de la ceremonia encontrarán a buen seguro los detalles concretos del tiroteo. "Nunca te esperas que pase algo así. Mi corazón está roto", dijo a la prensa el concejal Albert Gómez. El editor de un periódico local describió la parroquia como una congregación local como cualquier otra de las zonas rurales de Texas. "Simplemente una pequeña iglesia de pueblo americano donde la gente acude para reunirse y celebrar".

Tras el tiroteo, numerosos vecinos y familiares de las víctimas se acercaron hasta esta iglesia para obtener información sobre lo ocurrido. Mientras, la policía local y estatal trataba de impedirlo y pedía que regresasen a sus casas hasta que la situación estuviese completamente bajo control.

Carrie Matula, una testigo, explicó al canal NBC que los disparos procedían de un arma semiautomática. “Yo me encontraba a 50 metros de la iglesia”, afirmó. A la zona se desplazaron los servicios de emergencia, incluyendo helicópteros para llevar a los heridos a distintos hospitales. Además de las autoridades locales, el FBI se trasladó a la localidad para colaborar en la investigación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se encuentra de visita oficial en Japón, ha calificado de "espeluznante" el tiroteo y ha enviado su apoyo a las víctimas. "Los estadounidenses harán lo que mejor saben hacer: nos uniremos y a través de las lágrimas y la tristeza permaneceremos fuertes", ha asegurado en un encuentro con líderes empresariales en Tokio. Por su parte, Abbott, el gobernador de Texas, ha ofrecido sus condolencias y ha considerado el ataque como un “acto del mal”. El senador republicano y excandidato presidencial, Ted Cruz, también ha expresado en las redes sociales su solidaridadcon las víctimas.

El último ataque de esta envergadura en una iglesia estadounidense ocurrió en Charleston (Carolina del Sur) en junio de 2015. Dylan Roof, un joven blanco, entró en la parroquia y mató a tiros a nueve personas afroamericanas en el que fue considerado uno de los peores crímenes de odio racial. Roof ha sido condenado a muerte por inyección letal.

La masacre de Sutherland Spring ocurre apenas un mes después del peor ataque con un arma en la historia de Estados Unidos, en Nevada, que resultó en la muerte de 60 personas y más de 500 heridos. Durante un concierto de música country, un hombre de 64 años disparó a ráfagas contra miles de asistentes en una céntrica explanada de Las Vegas. El segundo peor asesinato masivo hasta la fecha ocurrió en Orlando en 2016 con 49 muertos y el tercero en Virginia en 2007 con 32 fallecidos.

 

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