Europa

La decisión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de poner tierra de por medio con la justicia española e instalarse en Bélgica entorpecerá, pero no interrumpirá, las investigaciones judiciales que pesan contra él. En caso de no comparecer cuando sea llamado, los jueces enviarán a la justicia belga una Orden Europea de Detención. En teoría, este procedimiento permitiría, según fuentes jurídicas, la entrega a España del político en un plazo de 60 días.

Carles Puigdemont “está bien asesorado jurídicamente al elegir Bélgica” como destino para tratar de escapar de la acción de la Justicia española, consideran las fuentes consultadas bajo condición de anonimato. El expresidente catalán está investigado por malversación, prevaricación y desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, su situación se agravará considerablemente después de que, este martes, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela admitiera a trámite la querella por rebelión —delito castigado con hasta 30 años de cárcel— contra él y los 13 exconsejeros de su Gobierno presentada el lunes por el lunes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Este horizonte penal poco halagüeño ha llevado a Puigdemont —y a otros cinco de sus consejeros— a instalarse en Bélgica y contratar al abogado Paul Bekaert. Este letrado flamenco de 68 años ha conseguido paralizar la entrega a España de varios miembros de la banda terrorista ETA. Su último logro en este campo, hace cuatro años, fue evitar que Bélgica entregara a la Audiencia Nacional a la etarra Natividad Jauregi. Puigdemont acudió ayer al aeropuerto de Bruselas a despedirse de los cinco consejeros que le acompañaron a la capital belga y que volvían a Barcelona.

La acción judicial, pendiente de la escapada belga de Puigdemont
 

Fuentes judiciales españolas consideran que Bélgica “no es mal país para hacer esperar” a la Justicia española, ya que sus jueces son especialmente sensibles y puntillosos a las alegaciones de vulneraciones de derechos fundamentales. En su rueda de prensa de este martes en Bruselas, Puigdemont, destituido el viernes pasado al aplicar el Gobierno el artículo 155 de la Constitución, manifestó que no volverá a España hasta que no tenga “garantías de un juicio justo”.

La juez Lamela admitió a trámite la querella por rebelión, como hizo este martes el Tribunal Supremo con la querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa de la Cámara que permitieron que se votara el viernes la declaración de independencia de Cataluña. En caso de que no comparezcan ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena y la juez Lemela, estos podrían dictar un auto —resolución razonada— con una orden de detención e ingreso en prisión contra ellos.

Con esa resolución, los jueces españoles pueden activar la Orden Europea de Detención, un procedimiento que sustituye en el ámbito de la Unión Europea, a las antiguas órdenes de extradición. Para lanzar esta orden es preciso que la Fiscalía lo reclame previamente.

Esta orden de arresto la entrega el juez, a la Policía Nacional, que a través de la llamada Oficina Sirene, de cooperación técnica y operativa entre cuerpos policiales de Estados del espacio Schengen, la remite a la oficina homóloga de la policía belga. Este mecanismo supone ya la detención del buscado y su puesta a disposición de un juez belga encargado de estudiar la entrega a España.

 

El procedimiento de la OED, se aplica en España desde 2003 y se actualizó en noviembre de 2014, entre otros motivos para incluir la obligación de que sea el fiscal quien solicite la entrega (antes de esa fecha, los jueces podían dictar la OED directamente) y también para incorporar el llamado principio de proporcionalidad, por el que solo se pueden emitir las OED cuando en España se dan los presupuestos para la prisión provisional. Al contrario que la extradición, se hace entre jueces de Estados miembros de la UE y en él no participan los Gobiernos de los países. “No va a tener ninguna influencia del Ejecutivo, ese es un principio básico de la OED”, explica un magistrado.

La Orden Europea de Detención se regula en España en la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Esta norma traspone al derecho español, entre otras, una decisión marco comunitaria de 2002 sobre este mecanismo de agilización de la entrega de detenidos.

Recovecos legales

Aunque el procedimiento, sobre el papel, es bastante ágil —en unos 60 días la justicia del país requerido suele acordar la entrega de la persona buscada—, fuentes jurídicas señalan una serie de recovecos legales que pueden dilatar los plazos. Una de ellas es, por ejemplo, que el juez reclamante no haya agotado otros mecanismos para interrogar al imputado, como la videoconferencia, aunque en delitos tan graves como la rebelión, una excusa así tendría poca cabida, señalan los entrevistados.

Otra alegación podría ser el hecho de que la rebelión no se encuentra entre la lista de 32 delitos que la norma europea establece como exentos de “control de la doble tipificación”, es decir que ese delito esté recogido en los códigos penales de ambos países. La rebelión en la normativa belga, según fuentes consultadas, tiene una definición ligeramente distinta a la española, y en la propia España es un tipo penal dudoso. Esto podría llevar a los jueces belgas a tener argumentos para entrar en el fondo del asunto y examinar si a ojos de la ley de aquel país la conducta de Puigdemont y los demás consejeros huidos a Bélgica es perseguible. En caso de que el juez encargado de tramitar la entrega acceda a ello, el reclamado puede apelar en segunda instancia.

Aunque el sistema simplificado de la OED se basa en un “grado de confianza elevado” entre los Estados miembros de la UE y de que las resoluciones judiciales de un país son reconocidas por el resto, los reclamados pueden alegar —y todo apunta a que Puigdemont lo hará— miedo a que sus derechos fundamentales no sean respetados en España. El artículo 1.3 de la decisión marco de 2002 abre la puerta a esa posibilidad, y precisamente sirvió para que Bélgica paralizara las entregas de varios etarras en el pasado.

No obstante, todas las fuentes consultadas explican que el contexto actual es muy distinto confían en que todos estos obstáculos se irán salvando aunque puedan llevar tiempo. Un fiscal de la Audiencia Nacional recuerda que en los últimos años el procedimiento de la OED entre España y Bélgica ha funcionado de manera muy aceptable en asuntos como el terrorismo islamista.

FERNANDO J. PÉREZ

Carles Puigdemont no volverá a España hasta que no considere que existen «garantías de imparcialidad» para ser juzgado y la amenaza cierta de una larga condena de cárcel es el motivo central de su huida. En una estrambótica rueda de prensa en la sede de un club privado en Bruselas el expresidente de la Generalitat dijo que su salida de España obedece a un plan pergeñado el pasado viernes cuyo objetivo sería «evidenciar el problema catalán en el corazón de Europa» y denunciar «la politización de la justicia española, su voluntad de perseguir ideas y no delitos y para evidenciar ante todo el mundo el grave déficit democrático en España».

Aunque se sigue considerando como presidente de la Generalitat de Cataluña, asegura que no tiene intención de huir de la justicia, pero al mismo tiempo insiste en que cree que no existen condiciones para volver a España porque ahora se siente amenazado tanto por «grupos violentos» que no identificó, como por la justicia, a la que acusa de estar actuando por venganza. «No estoy aquí para pedir asilo político, sino porque es la capital de Europa. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad».

El que fuera presidente autonómico de Cataluña hasta el viernes ha asegurado que una parte del exgobierno catalán seguirá en Bélgica -a la par que otros exconsejeros, con Oriol Junqueras, al frente, «seguirán trabajando» desde Cataluña- para «poder trabajar en libertad y con seguridad». De hecho, Junqueras y los cuatros consellers también cesados Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó y Raül Romeva se han reunido a las 13.45 horas de este martes en la sala 9 del Parlament. Es la primera reunión pública del Govern desde que el viernes de la semana pasada fuera cesado al completo por el presidente del Gobierno.

Puigdemont ha pedido a los catalanes independentistas que se preparen para «un largo trayecto» y ha dicho que no le dan miedo las próximas elecciones a las que su partido va a concurrir y ha pedido «a las fuerzas del 155» como se refiere a los partidos que defienden la Constitución, que se comprometan a aceptar el resultado. 

La nueva estrategia independentista podría obligar a la Justicia española a solicitar una euroorden 

En opinión de Puigdemont no se dan las condiciones para ser juzgados en España y ha calificado la actitud del Gobierno de España de «altamente agresiva y sin precedentes». Puigdemont, que se ha dirigido a la prensa congregada en catalán, español, francés e inglés, ha cargado contra el Gobierno por no querer «dialogar» con él. Puigdemont y sus exconsejeros ponen en marcha, así, una nueva estrategia, que decidieron por unanimidad el viernes, según su confesión, una vez el Parlamento de Cataluña declaró la secesión y el Gobierno de España puso en marcha el artículo 155 de la Constitución.

Esta estrategia podría obligar a la Justicia española a solicitar una euroorden, cuando la jueza instructora de la Audienca Nacional pida la comparecencia de los miembros que formaron parte del gobierno catalán y figuran en la querella presentada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. De hecho, Puigdemont ha indicado que la querella y su aceptación confirmarían la «extrema agresividad» de las instituciones del Estado contra su gobierno y ha hecho referencias a que, tanto él como sus exconsejeros, se consideran perseguidos políticos.

 

La nueva estrategia de Puigdemont se estructura en cuatro fases.Una primera que supone llevar «el problema catalán al corazón de Europa» y «denunciar la politización de la justicia en España». En segundo lugar, dividir el exgobierno entre Bruselas y Cataluña para «seguir trabajando», dándose por no cesados. La estrategia también incluye apoyar «las iniciativas para evitar la aplicación del artículo 155, para evitar que se desmonte el sistema institucional catalán» y, por último, participar en las elecciones del 21-D, una cita que ha puesto en duda al retar al Gobierno a aceptar su resultado. 

El Gobierno belga rehazó ceder a Puigdemont un edificio público para la comparecencia 

El Gobierno belga ha reaccionado con evidente disgusto ante la presencia de Puigdemont y de hecho le ha negado una sala en un edificio de titularidad pública dedicado precisamente a organizar ruedas de prensa. Puigdemont ha insistido varias veces en que no ha tenido contactos con fuerzas políticas belgas y en que el hecho de que se encuentre en Bruselas se debe a su condición de capital europea y no tiene que ver con sus «complicidades» con los nacionalistas flamencos. «Soy un ciudadano europeo que puede desplazarse libremente y no he cometido ninguna ilegalidad por estar aquí» señaló.  

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo este viernes que España sigue siendo el “único interlocutor” de la Unión Europea (UE) tras la declaración de independencia de Catalunya aprobada hoy por el Parlament, al tiempo que afirmó que para la Unión “nada cambia”.

”Para la UE nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor. Espero que el Gobierno español favorezca la fuerza de los argumentos, no los argumentos de la fuerza”, escribió Tusk en su cuenta de Twitter.

 

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.

 

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respondido al tuit de Tusk en inglés haciendo hincapié en la segunda parte del mensaje: “Como sabes los catalanes siempre apoyamos la fuerza de los argumentos”.

Los grupos de la mayoría independentista en el Parlament han aprobado este viernes por la tarde la propuesta de resolución para la constitución de “una república catalana como estado independiente, soberano, democrático y social” y, por lo tanto, han declarado la independencia de Catalunya y han aprobado a la vez la apertura de un proceso constituyente para elaborar una Constitución catalana y que finalmente tengan lugar unas elecciones constituyentes.

Poco después, una amplia mayoría del Senado, los grupos de PP, PSOE y Ciudadanos, ha votado a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permitirá intervenir la autonomía catalana.

AGENCIAS

El Parlamento catalán ha aprobado tras una votación en secreto la propuesta de Junts Pel Sí y la CUP para iniciar un proceso constituyente para proclamar la república.

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El secretario general y el letrado mayor han advertido de que puede estar afectada de ilegalidad, concretamente, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ha añadido que les han hecho una advertencia de que "puede verse afectada por el Tribunal Constitucional". Populares, socialistas y Ciudadanos han abandonado el pleno.

Desde el PSOE, en el Senado, han interpretado esta propuesta como un "portazo" al diálogo, por lo que los socialistas han retirado la enmienda para paralizar el 155 en caso de que se convoquen elecciones.

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha defendido esta mañana en la Cámara Alta las medidas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución alegando que se trata de una "situación excepcional" y que no atenta "contra Cataluña" sino que se hace "para evitar que se abuse de Cataluña". Miles de personas convocadas por las asociaciones soberanistas siguen el desarrollo del pleno en los alrededores del Parlamento, expectantes y emocionados.

Esto le ha confirmado este lunes a la BBC una fuente cercana al exlíder catalán, poco después de que se conociera que el fiscal general del Estado presentó una querella contra él y todos los miembros de su gobierno destituidos por lo delitos de sedición y rebelión, entre otros.

Por el momento se desconoce cuál es el motivo del viaje a Bélgica de Puigdemont, aunque medios de España apuntan que el presidente destituido se ha reunido con políticos flamencos y que esta tarde podría haber una comparecencia ante los medios de comunicación.

Theo Francken, secretario de estado belga de asilo y migración y del partido independentista flamenco N-VA, se mostró dispuesto este domingo a dar asilo al expresidente catalán, pero el primer ministro Charles Michel negó luego que esa posibilidad estuviera sobre la mesa.

Ningún Estado ha reconocido hasta ahora la declaración de independencia aprobada por el parlamento catalán el viernes 27 de octubre, cuando los partidos no independentistas abandonaron el pleno.

El expresidente de la Generalitat colgó en la mañana de este lunes en Instagram una fotografía tomada desde la sede del gobierno catalán, que parecía indicar que se encontraba en su interior.

 BBC

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho este viernes una encendida defensa de la aplicación del artículo 155 para devolver a Cataluña a la legalidad. Un mecanismo constitucional de emergencia para hacer frente a «un desafío de proporciones inéditas», ha señalado.

Rajoy se ha dirigido al Pleno del Senado para pedirle el apoyo a las medidas del Ejecutivo, que pasan por el cese inmediato del presidente de la Generalitat y sus consejeros, y la próxima convocatoria de elecciones, antes de seis meses.

«Ha llegado el momento de que se imponga la ley, no contra Cataluña, sino para impedir que se abuse de Cataluña», ha asegurado Rajoy, reivindicando que ante el grave desafío planteado, el mayor de la etapa democrática, «España tiene derecho a defenderse».

Ante las voces que aún llegan del PSOE, Podemos o PNV para explorar una salida de emergencia que evite el 155 en Cataluña, Rajoy ha confirmado que no hay vuelta atrás. Ningún resquicio de duda en su discurso.

El jefe del Ejecutivo ha acusado a Carles Puigdemont de ser el único responsable de llegar a esta situación. «Fue él quien eligió que el proceso que establece el 155 de la Constitución continuara adelante. Él y solo él», ha señalado tras censurar que haya roto cualquier cauce para el diálogo dentro de la ley. Malogró todas las «oportunidades de hacerlo», ha continuado. «Prefirió mandar cartas, la última especialmente desafortunada. Bastaba con la respuesta explícita del Govern, bastaba con mantener los comportamientos propios de cualquier democracia», ha insistido de quien reconoce ha sido el peor interlocutor posible en toda su vida política.

 

«De lo que hay que salvar a Cataluña no es de la aplicación de un artículo constitucional, sino de los estragos que están causando las conductas anticonstitucionales», dijo Rajoy

 

Rajoy ha afirmado que su Gobierno no puede «asistir impertérrito» ante la deriva separatista y ha defendido las medidas previstas al amparo del 155 para hacer que Cataluña vuelva a la legalidad, recobre la convivencia, mantenga la recuperación económica y vaya a elecciones para poner fin a una legislatura que concluye situándose fuera del marco constitucional.

«Lo que amenaza a Cataluña no es el 155 sino la actitud del Gobierno de la Generalitat. De lo que hay que salvar a Cataluña no es de la aplicación de un artículo constitucional, sino de los estragos que están causando las conductas anticonstitucionales. De lo que ha que proteger a los catalanes no es del imperialismo español, sino de una minoría que de forma intolerante (...) pretende someter a todos los catalanes al yugo de su doctrina», ha reseñado en un discurso muy aplaudido por la bancada del PP.

PSOE pide adaptar el 155

El portavoz del PSOE, Ander Gil, ha retirado la enmienda por la que pedía aplazar la ejecución del 155 si se convocaban elecciones autonómicas en Cataluña. La propuesta, desesperada, buscaba «aprovechar cualquier resquicio» de diálogo «hasta el último minuto».

Sin embargo, la resolución presentada por los soberanistas en el Parlament, para proclamar la república catalana, ha hecho que Ferraz abandone toda esperanza de una «salida» en Cataluña. De esta manera, el PSOE defiende la ejecución inmediata del precepto constitucional tras la aprobación hoy en el Senado, que se iniciará con el cese del Govern de la Generalitat en bloque.

Ander Gil había tomado antes la palabra para hacer un llamamiento a la desesperada a Rajoy, instándole a aceptar la enmienda socialista que incorporaría una moratoria a la ejecución del 155 en caso de que se convoquen elecciones autonómicas.

«Si acepta nuestra enmienda tendrá más tiempo, no cierre una puerta. Acepte la reversibilidad del 155 si se convocan elecciones autonómicas, no perdemos nada», enfatizó Gil.

El senador socialista exigió «mesura, eficacia e inteligencia» en la defensa del Estado de Derecho. Los socialistas negocian con el PP dejar al margen de la intervención del Gobierno a TV3 y los medios públicos catalanes, por ejemplo.

Ander Gil, portavoz socialista en el Senado
Ander Gil, portavoz socialista en el Senado-EFE

Críticas al PP

Los portavoces de la oposición han censurado los aplausos del PP cuando Rajoy anunció el cese del Govern de la Generalitat. «Hoy es un día para discursos de Estado, no para mítines políticos», ha afeado Gil. «Hay aplausos que hieren y aplausos que no se entienden. En el momento más duro de la democracia solo lo hemos podido entender de una manera: ustedes ni aman a Cataluña ni aman a España, y solo se aman a sí mismos», ha espetado el senador catalán de Podemos, Óscar Guardingo.

El senador de Podemos ha recriminado al Gobierno de no tener «vergüenza» al aplicar el 155. «Pretenden ganar por la fuerza lo que son incapaces de garnar por las urnas, quieren gobernar por vía de la imposición en Cataluña», ha dicho aludiendo a que el PP es el partido menos representado en el Parlament. Guardingo, que ha aludido a la presencia del expresident José Montilla (PSC), ha pedido un nuevo pacto para reformar la Constitución en un «Estado plurinacional».

Itziar Reyero
@ireyero

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dejado en el aire la declaración institucional que iba a ofrecer a mediodía desde el Palau de la Generalitat y en la que según fuentes próximas a Junts Pel Sí, iba a anunciar la convocatoria de elecciones y su renuncia a declarar la independencia de Cataluña. La Generalitat ha alegado esta mañana al Senado por escrito que la aplicación del artículo 155 creará una situación "todavía más grave" en Cataluña.

Manifestación de estudiantes frente al Palau de la Generalitat

El burofax del presidente Puigdemont ha llegado a la Cámara Alta en el último momento. El pleno previsto para las 17.00 de esta tarde no ha sido desconvocado hasta el momento por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. En la comisión para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el Senado comparecerá la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. 

En la misma plataforma la CUP ha asegurado, tras conocerse la decisión de Puigdemont de cancelar la comparecencia, que "Hay una urgencia, obedecer lo que el pueblo ha mandado. Seguimos defendiendo mandato del 1 de octubre".

Urkullu contribuye con contactos políticos y empresariales a la convocatoria de elecciones. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha desplegado una intensa agenda en las últimas 72 horas, para lograr que el presidente Carles Puigdemont cambiara la Declaración Unilateral de Independencia por una convocatoria de elecciones. Aunque oficialmente la lehendakaritza ni confirma ni desmiente la mediación de Urkullu, fuentes parlamentarias aseguran que en las últimas horas no solo se ha reunido con empresarios catalanes, sino que con el aval de la presidencia de la Generalitat catalana ha hablado con "miembros del Gobierno central" para lograr un entorno más favorable a la resolución de la crisis catalana que no pase por la intervención de la autonomía. 

 Agencias

 

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