Puigdemont acepta las elecciones pero no volverá hasta que «tenga garantías»

Europa
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Carles Puigdemont no volverá a España hasta que no considere que existen «garantías de imparcialidad» para ser juzgado y la amenaza cierta de una larga condena de cárcel es el motivo central de su huida. En una estrambótica rueda de prensa en la sede de un club privado en Bruselas el expresidente de la Generalitat dijo que su salida de España obedece a un plan pergeñado el pasado viernes cuyo objetivo sería «evidenciar el problema catalán en el corazón de Europa» y denunciar «la politización de la justicia española, su voluntad de perseguir ideas y no delitos y para evidenciar ante todo el mundo el grave déficit democrático en España».

Aunque se sigue considerando como presidente de la Generalitat de Cataluña, asegura que no tiene intención de huir de la justicia, pero al mismo tiempo insiste en que cree que no existen condiciones para volver a España porque ahora se siente amenazado tanto por «grupos violentos» que no identificó, como por la justicia, a la que acusa de estar actuando por venganza. «No estoy aquí para pedir asilo político, sino porque es la capital de Europa. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad».

El que fuera presidente autonómico de Cataluña hasta el viernes ha asegurado que una parte del exgobierno catalán seguirá en Bélgica -a la par que otros exconsejeros, con Oriol Junqueras, al frente, «seguirán trabajando» desde Cataluña- para «poder trabajar en libertad y con seguridad». De hecho, Junqueras y los cuatros consellers también cesados Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó y Raül Romeva se han reunido a las 13.45 horas de este martes en la sala 9 del Parlament. Es la primera reunión pública del Govern desde que el viernes de la semana pasada fuera cesado al completo por el presidente del Gobierno.

Puigdemont ha pedido a los catalanes independentistas que se preparen para «un largo trayecto» y ha dicho que no le dan miedo las próximas elecciones a las que su partido va a concurrir y ha pedido «a las fuerzas del 155» como se refiere a los partidos que defienden la Constitución, que se comprometan a aceptar el resultado. 

La nueva estrategia independentista podría obligar a la Justicia española a solicitar una euroorden 

En opinión de Puigdemont no se dan las condiciones para ser juzgados en España y ha calificado la actitud del Gobierno de España de «altamente agresiva y sin precedentes». Puigdemont, que se ha dirigido a la prensa congregada en catalán, español, francés e inglés, ha cargado contra el Gobierno por no querer «dialogar» con él. Puigdemont y sus exconsejeros ponen en marcha, así, una nueva estrategia, que decidieron por unanimidad el viernes, según su confesión, una vez el Parlamento de Cataluña declaró la secesión y el Gobierno de España puso en marcha el artículo 155 de la Constitución.

Esta estrategia podría obligar a la Justicia española a solicitar una euroorden, cuando la jueza instructora de la Audienca Nacional pida la comparecencia de los miembros que formaron parte del gobierno catalán y figuran en la querella presentada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. De hecho, Puigdemont ha indicado que la querella y su aceptación confirmarían la «extrema agresividad» de las instituciones del Estado contra su gobierno y ha hecho referencias a que, tanto él como sus exconsejeros, se consideran perseguidos políticos.

 

La nueva estrategia de Puigdemont se estructura en cuatro fases.Una primera que supone llevar «el problema catalán al corazón de Europa» y «denunciar la politización de la justicia en España». En segundo lugar, dividir el exgobierno entre Bruselas y Cataluña para «seguir trabajando», dándose por no cesados. La estrategia también incluye apoyar «las iniciativas para evitar la aplicación del artículo 155, para evitar que se desmonte el sistema institucional catalán» y, por último, participar en las elecciones del 21-D, una cita que ha puesto en duda al retar al Gobierno a aceptar su resultado. 

El Gobierno belga rehazó ceder a Puigdemont un edificio público para la comparecencia 

El Gobierno belga ha reaccionado con evidente disgusto ante la presencia de Puigdemont y de hecho le ha negado una sala en un edificio de titularidad pública dedicado precisamente a organizar ruedas de prensa. Puigdemont ha insistido varias veces en que no ha tenido contactos con fuerzas políticas belgas y en que el hecho de que se encuentre en Bruselas se debe a su condición de capital europea y no tiene que ver con sus «complicidades» con los nacionalistas flamencos. «Soy un ciudadano europeo que puede desplazarse libremente y no he cometido ninguna ilegalidad por estar aquí» señaló.  

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