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La mayoría de personas fallecieron por el derrumbe de edificios o postes, siete de ellas en La Habana

Las inundaciones y los fuertes vientos del huracán Irma se han cobrado al menos 10 muertes en Cuba, según anunciaron este lunes las autoridades de la isla. Fallecieron por el derrumbe de edificios y postes eléctricos o ahogadas ante el virulento avance del agua. Siete de las muertes tuvieron lugar en La Habana, donde el domingo se registraron olas de 11 metros de altura. Los daños estructurales han sido enormes: muchas zonas del país no tienen electricidad ni agua corriente.

“Han sido días duros para nuestro pueblo, que en solo pocas horas ha visto cómo lo construido con esfuerzo es golpeado por un devastador huracán”, dijo el presidente cubano, Raúl Castro, en un mensaje a la población publicado en el diario oficial Gramma. “Las imágenes de las últimas horas son elocuentes, como también lo es el espíritu de resistencia y victoria de nuestro pueblo que renace con cada adversidad”.

Castro anunció que la tormenta causó “severos daños” en Cuba, como “afectaciones en las viviendas, el sistema electroenergético y la agricultura”. También golpeó a polos turísticos, como Varadero y los cayos de la costa norte, pero el presidente aseguró que esas zonas serán recuperadas “antes del inicio de temporada alta”, que arranca en noviembre.

El turismo es la segunda fuente económica del país comunista, por lo que el impacto de Irma puede ser grave. El aeropuerto de La Habana no reanudará su actividad hasta el martes, el mismo día que reabrirán las universidades. El aeropuerto del turístico Cayo Coco fue totalmente destrozado, según informa la agencia Efe. Varias empresas españolas gestionan hoteles en esa zona costera.

Irma es el tercer huracán de los últimos años en número de víctimas mortales en Cuba. La tormenta Dennis, en julio de 2005, causó 17 muertes y Sandy, en octubre de 2012, 11.

Ante el recorrido devastador de Irma por el Caribe, 1,7 millones de personas, cerca de una quinta parte de la población cubana, habían sido evacuadas de zonas vulnerables del país. En La Habana, con dos millones de habitantes, fueron desalojadas 10.000 personas por la cercanía de sus casas al mar o el mal estado de las viviendas. Pero las precauciones no pudieron evitar que, con el azote del huracán, el agua se adentrara unos 300 metros por las calles más cercanas al malecón, creando improvisados canales urbanos.

Irma llegó el viernes a Cuba con máxima fuerza. Fue la primera vez desde 1932 que el epicentro de un huracán de categoría cinco, el mayor posible, tocó tierra en el país. En las horas posteriores, la tormenta fue perdiendo algo de fuerza mientras se enfilaba hacia Estados Unidos. 

El mayor impacto ocurrió en la región central de la costa norte de Cuba, especialmente en las provincias de Camagüey y Matanzas. El viento sopló a una velocidad de hasta 195 kilómetros por hora y generó olas de hasta nueve metros de altura.

En Varadero, el principal balneario turístico del país, los daños fueron menores de lo esperado. Había 18.000 turistas en la zona, la mayoría extranjeros. “Pasamos mucho, mucho miedo”, dijo a Efe Maxine, una inglesa de Leeds que se define como una “veterana en huracanes” porque estuvo de vacaciones en la isla durante el azote del ciclón Isaac en 2012, pero asegura que “nada” es equiparable a la furia del Irma.

“Todos los ingleses nos unimos con los cubanos para ayudar a limpiar la zona de la piscina. Los hombres levantaron las ramas para que así todo quedara limpio”, explicó la turista, que fue evacuada de su hotel junto a un grupo de más de una decena de amigos.

Precisamente, el operador de turismo Thomas Cook anunció este lunes de que llevará a cabo en los próximos días un plan de evacuación de Varadero de unos 2.350 viajeros procedentes de Reino Unido.

J.FAUS

La decisión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de poner tierra de por medio con la justicia española e instalarse en Bélgica entorpecerá, pero no interrumpirá, las investigaciones judiciales que pesan contra él. En caso de no comparecer cuando sea llamado, los jueces enviarán a la justicia belga una Orden Europea de Detención. En teoría, este procedimiento permitiría, según fuentes jurídicas, la entrega a España del político en un plazo de 60 días.

Carles Puigdemont “está bien asesorado jurídicamente al elegir Bélgica” como destino para tratar de escapar de la acción de la Justicia española, consideran las fuentes consultadas bajo condición de anonimato. El expresidente catalán está investigado por malversación, prevaricación y desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, su situación se agravará considerablemente después de que, este martes, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela admitiera a trámite la querella por rebelión —delito castigado con hasta 30 años de cárcel— contra él y los 13 exconsejeros de su Gobierno presentada el lunes por el lunes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Este horizonte penal poco halagüeño ha llevado a Puigdemont —y a otros cinco de sus consejeros— a instalarse en Bélgica y contratar al abogado Paul Bekaert. Este letrado flamenco de 68 años ha conseguido paralizar la entrega a España de varios miembros de la banda terrorista ETA. Su último logro en este campo, hace cuatro años, fue evitar que Bélgica entregara a la Audiencia Nacional a la etarra Natividad Jauregi. Puigdemont acudió ayer al aeropuerto de Bruselas a despedirse de los cinco consejeros que le acompañaron a la capital belga y que volvían a Barcelona.

La acción judicial, pendiente de la escapada belga de Puigdemont
 

Fuentes judiciales españolas consideran que Bélgica “no es mal país para hacer esperar” a la Justicia española, ya que sus jueces son especialmente sensibles y puntillosos a las alegaciones de vulneraciones de derechos fundamentales. En su rueda de prensa de este martes en Bruselas, Puigdemont, destituido el viernes pasado al aplicar el Gobierno el artículo 155 de la Constitución, manifestó que no volverá a España hasta que no tenga “garantías de un juicio justo”.

La juez Lamela admitió a trámite la querella por rebelión, como hizo este martes el Tribunal Supremo con la querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa de la Cámara que permitieron que se votara el viernes la declaración de independencia de Cataluña. En caso de que no comparezcan ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena y la juez Lemela, estos podrían dictar un auto —resolución razonada— con una orden de detención e ingreso en prisión contra ellos.

Con esa resolución, los jueces españoles pueden activar la Orden Europea de Detención, un procedimiento que sustituye en el ámbito de la Unión Europea, a las antiguas órdenes de extradición. Para lanzar esta orden es preciso que la Fiscalía lo reclame previamente.

Esta orden de arresto la entrega el juez, a la Policía Nacional, que a través de la llamada Oficina Sirene, de cooperación técnica y operativa entre cuerpos policiales de Estados del espacio Schengen, la remite a la oficina homóloga de la policía belga. Este mecanismo supone ya la detención del buscado y su puesta a disposición de un juez belga encargado de estudiar la entrega a España.

 

El procedimiento de la OED, se aplica en España desde 2003 y se actualizó en noviembre de 2014, entre otros motivos para incluir la obligación de que sea el fiscal quien solicite la entrega (antes de esa fecha, los jueces podían dictar la OED directamente) y también para incorporar el llamado principio de proporcionalidad, por el que solo se pueden emitir las OED cuando en España se dan los presupuestos para la prisión provisional. Al contrario que la extradición, se hace entre jueces de Estados miembros de la UE y en él no participan los Gobiernos de los países. “No va a tener ninguna influencia del Ejecutivo, ese es un principio básico de la OED”, explica un magistrado.

La Orden Europea de Detención se regula en España en la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Esta norma traspone al derecho español, entre otras, una decisión marco comunitaria de 2002 sobre este mecanismo de agilización de la entrega de detenidos.

Recovecos legales

Aunque el procedimiento, sobre el papel, es bastante ágil —en unos 60 días la justicia del país requerido suele acordar la entrega de la persona buscada—, fuentes jurídicas señalan una serie de recovecos legales que pueden dilatar los plazos. Una de ellas es, por ejemplo, que el juez reclamante no haya agotado otros mecanismos para interrogar al imputado, como la videoconferencia, aunque en delitos tan graves como la rebelión, una excusa así tendría poca cabida, señalan los entrevistados.

Otra alegación podría ser el hecho de que la rebelión no se encuentra entre la lista de 32 delitos que la norma europea establece como exentos de “control de la doble tipificación”, es decir que ese delito esté recogido en los códigos penales de ambos países. La rebelión en la normativa belga, según fuentes consultadas, tiene una definición ligeramente distinta a la española, y en la propia España es un tipo penal dudoso. Esto podría llevar a los jueces belgas a tener argumentos para entrar en el fondo del asunto y examinar si a ojos de la ley de aquel país la conducta de Puigdemont y los demás consejeros huidos a Bélgica es perseguible. En caso de que el juez encargado de tramitar la entrega acceda a ello, el reclamado puede apelar en segunda instancia.

Aunque el sistema simplificado de la OED se basa en un “grado de confianza elevado” entre los Estados miembros de la UE y de que las resoluciones judiciales de un país son reconocidas por el resto, los reclamados pueden alegar —y todo apunta a que Puigdemont lo hará— miedo a que sus derechos fundamentales no sean respetados en España. El artículo 1.3 de la decisión marco de 2002 abre la puerta a esa posibilidad, y precisamente sirvió para que Bélgica paralizara las entregas de varios etarras en el pasado.

No obstante, todas las fuentes consultadas explican que el contexto actual es muy distinto confían en que todos estos obstáculos se irán salvando aunque puedan llevar tiempo. Un fiscal de la Audiencia Nacional recuerda que en los últimos años el procedimiento de la OED entre España y Bélgica ha funcionado de manera muy aceptable en asuntos como el terrorismo islamista.

FERNANDO J. PÉREZ

Carles Puigdemont no volverá a España hasta que no considere que existen «garantías de imparcialidad» para ser juzgado y la amenaza cierta de una larga condena de cárcel es el motivo central de su huida. En una estrambótica rueda de prensa en la sede de un club privado en Bruselas el expresidente de la Generalitat dijo que su salida de España obedece a un plan pergeñado el pasado viernes cuyo objetivo sería «evidenciar el problema catalán en el corazón de Europa» y denunciar «la politización de la justicia española, su voluntad de perseguir ideas y no delitos y para evidenciar ante todo el mundo el grave déficit democrático en España».

Aunque se sigue considerando como presidente de la Generalitat de Cataluña, asegura que no tiene intención de huir de la justicia, pero al mismo tiempo insiste en que cree que no existen condiciones para volver a España porque ahora se siente amenazado tanto por «grupos violentos» que no identificó, como por la justicia, a la que acusa de estar actuando por venganza. «No estoy aquí para pedir asilo político, sino porque es la capital de Europa. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad».

El que fuera presidente autonómico de Cataluña hasta el viernes ha asegurado que una parte del exgobierno catalán seguirá en Bélgica -a la par que otros exconsejeros, con Oriol Junqueras, al frente, «seguirán trabajando» desde Cataluña- para «poder trabajar en libertad y con seguridad». De hecho, Junqueras y los cuatros consellers también cesados Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó y Raül Romeva se han reunido a las 13.45 horas de este martes en la sala 9 del Parlament. Es la primera reunión pública del Govern desde que el viernes de la semana pasada fuera cesado al completo por el presidente del Gobierno.

Puigdemont ha pedido a los catalanes independentistas que se preparen para «un largo trayecto» y ha dicho que no le dan miedo las próximas elecciones a las que su partido va a concurrir y ha pedido «a las fuerzas del 155» como se refiere a los partidos que defienden la Constitución, que se comprometan a aceptar el resultado. 

La nueva estrategia independentista podría obligar a la Justicia española a solicitar una euroorden 

En opinión de Puigdemont no se dan las condiciones para ser juzgados en España y ha calificado la actitud del Gobierno de España de «altamente agresiva y sin precedentes». Puigdemont, que se ha dirigido a la prensa congregada en catalán, español, francés e inglés, ha cargado contra el Gobierno por no querer «dialogar» con él. Puigdemont y sus exconsejeros ponen en marcha, así, una nueva estrategia, que decidieron por unanimidad el viernes, según su confesión, una vez el Parlamento de Cataluña declaró la secesión y el Gobierno de España puso en marcha el artículo 155 de la Constitución.

Esta estrategia podría obligar a la Justicia española a solicitar una euroorden, cuando la jueza instructora de la Audienca Nacional pida la comparecencia de los miembros que formaron parte del gobierno catalán y figuran en la querella presentada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. De hecho, Puigdemont ha indicado que la querella y su aceptación confirmarían la «extrema agresividad» de las instituciones del Estado contra su gobierno y ha hecho referencias a que, tanto él como sus exconsejeros, se consideran perseguidos políticos.

 

La nueva estrategia de Puigdemont se estructura en cuatro fases.Una primera que supone llevar «el problema catalán al corazón de Europa» y «denunciar la politización de la justicia en España». En segundo lugar, dividir el exgobierno entre Bruselas y Cataluña para «seguir trabajando», dándose por no cesados. La estrategia también incluye apoyar «las iniciativas para evitar la aplicación del artículo 155, para evitar que se desmonte el sistema institucional catalán» y, por último, participar en las elecciones del 21-D, una cita que ha puesto en duda al retar al Gobierno a aceptar su resultado. 

El Gobierno belga rehazó ceder a Puigdemont un edificio público para la comparecencia 

El Gobierno belga ha reaccionado con evidente disgusto ante la presencia de Puigdemont y de hecho le ha negado una sala en un edificio de titularidad pública dedicado precisamente a organizar ruedas de prensa. Puigdemont ha insistido varias veces en que no ha tenido contactos con fuerzas políticas belgas y en que el hecho de que se encuentre en Bruselas se debe a su condición de capital europea y no tiene que ver con sus «complicidades» con los nacionalistas flamencos. «Soy un ciudadano europeo que puede desplazarse libremente y no he cometido ninguna ilegalidad por estar aquí» señaló.  

Esto le ha confirmado este lunes a la BBC una fuente cercana al exlíder catalán, poco después de que se conociera que el fiscal general del Estado presentó una querella contra él y todos los miembros de su gobierno destituidos por lo delitos de sedición y rebelión, entre otros.

Por el momento se desconoce cuál es el motivo del viaje a Bélgica de Puigdemont, aunque medios de España apuntan que el presidente destituido se ha reunido con políticos flamencos y que esta tarde podría haber una comparecencia ante los medios de comunicación.

Theo Francken, secretario de estado belga de asilo y migración y del partido independentista flamenco N-VA, se mostró dispuesto este domingo a dar asilo al expresidente catalán, pero el primer ministro Charles Michel negó luego que esa posibilidad estuviera sobre la mesa.

Ningún Estado ha reconocido hasta ahora la declaración de independencia aprobada por el parlamento catalán el viernes 27 de octubre, cuando los partidos no independentistas abandonaron el pleno.

El expresidente de la Generalitat colgó en la mañana de este lunes en Instagram una fotografía tomada desde la sede del gobierno catalán, que parecía indicar que se encontraba en su interior.

 BBC

La Administración de Donald Trump anunció este lunes el fin de un programa migratorio especial que evitaba la deportación de miles de haitianos en Estados Unidos. Los cerca de 59.000 beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS en sus siglas inglesas) para Haití tienen 18 meses, hasta julio de 2019, para regresar a su país o buscar una alternativa para residir legalmente en EE UU. A partir de entonces, serán considerados inmigrantes indocumentados y podrán ser deportados.

 

La decisión, que se especulaba desde hace tiempo, se enmarca en la política de mano dura migratoria del Gobierno del republicano Trump. Hace dos semanas, la Administración ya anunció el fin del TPS para unos 5.300 inmigrantes nicaragüenses, que disponen hasta enero de 2019 para salir del país o conseguir otro permiso de residencia.

El TPS es un programa creado en 1990 que permite a EE UU conceder visados extraordinarios a ciudadanos afectados por guerras o desastres naturales. Esa definición sirvió para acoger una oleada de haitianos tras el devastador terremoto que azotó en 2010 al país más pobre del Hemisferio Occidental.

 

Ahora, sin embargo, el criterio ha cambiado pese a la presión del Gobierno haitiano para mantener la protección dada la permanente inestabilidad en la isla. “Se determinó de forma general que las condiciones extraordinarias pero temporales que sirvieron como base para la designación de Haití han mejorado suficientemente de tal manera que ya no previenen que los nacionales de Haití puedan volver de forma segura [a su país]”, dijo un alto cargo del Gobierno Trump a la prensa, según informa la agencia Reuters.

La organización progresista Center for American Progress llamó "descorazonadora y poco sabia" la decisión y recordó que Haití ha sufrido en los últimos meses el impacto de los huracanes Irma y María, que golpearon con fuerza la paupérrima isla.

A principios de noviembre, el diario The Washington Post publicó que la Casa Blanca presionó a la responsable interina del Departamento de Seguridad Nacional para que expulsara a 57.000 hondureños y 2.500 nicaragüenses que residen en EE UU bajo el marco del TPS. También lo hacen unos 200.000 salvadoreños. El jefe de gabinete de Trump, John Kelly, llamó a Elaine Duke advirtiéndole de que prolongar la estancia de los ciudadanos centroamericanos amparados en el programa especial “impide la estrategia global” de la Administración.

Duke solo accedió a retirar el TPS para los inmigrantes nicaragüenses y pidió estudiar mejor el caso de los hondureños. La protección a ambos países se aprobó tras el paso del huracán Mitch por Centroamérica en 1998.

El Gobierno Trump ha convertido en bandera la deportación de inmigrantes y el refuerzo de la seguridad fronteriza. El presidente anunció en septiembre el fin del programa DACA del Gobierno de Barack Obama, que concede permisos temporales de residencia legal en EE UU a unos 800.000 dreamers, inmigrantes adultos que llegaron de niños al país. Si no se evita, la directiva finalizará el próximo 5 de marzo. Trump ha decidido pasar el contencioso al Congreso para que decida por ley si blinda a ese colectivo.

J.FAUS

“¡Bievenidos a Nazaret!”, exclama desde algo parecido a una carpintería un joven veinteañero, ataviado como un vecino más del pueblo de Jesús. Cuenta que se llama Ela y está trabajando en la construcción de una casa para su hijo, que se va a casar pronto. A su lado unos señores invitan a entrar en una sinagoga y, más adelante, una mujer vende pescado y relata cómo es la vida en ese rincón del norte de Israel, que parece extraordinariamente hospitalario y guarda una matemática proporción entre negros y blancos. Son algunos de los actores de la cuarta planta del nuevo Museo de la Biblia, abierto al público desde ayer en el corazón de Washington y que, entre otras cosas, recrea la ciudad santa.

El centro, un edificio de ocho plantas que ha supuesto una inversión de 500 millones de dólares (unos 424 millones de euros), pretende presentar el texto de la Biblia y su impacto a lo largo de la historia desde un punto de vista académico y neutral, según sus impulsores. La muestra tiene por puertas una gigante representación de bronce la Biblia de Gutenberg e incluye unos 3.000 objetos, de fragmentos de los Manuscritos del Mar Muerto a una colección abrumadora de ejemplares de la Torá, pasando por la copia que leía Elvis Presley.

El principal valedor —y financiador— del proyecto es un multimillonario de Oklahoma, cristiano evangélico, que lleva al menos desde 2010 coleccionando objetos con este proyecto en mente. Steve Green es dueño de Hobby Lobby, una cadena de tiendas de artes decorativas, y se ha significado a conciencia en las políticas sociales más conservadoras. En 2014 llevó hasta el Supremo la obligación que como empresario tenía de pagar los anticonceptivos, como una parte más de la cobertura del seguro médico de sus empleadas, mandato que emanaba de la reforma sanitaria de Barack Obama. Green se negó, alegando sus creencias religiosas, y ganó la batalla judicial, además de una gran repercusión pública.

Hace unos meses volvió a vérselas con la justicia por algo muy distinto. Hobby Lobby tuvo que pagar una multa de tres millones de dólares (2,5 millones de euros) por haber importado de Irak de forma ilegal miles de piezas de la época mesopotámica, que, además, tuvo que devolver.

Fachada del nuevo museo en Washington, abierto al público desde este sábado.
Fachada del nuevo museo en Washington, abierto al público desde este sábado. REUERS
 

El museo ha dejado claro que ninguna de estas piezas forma parte de la colección. Sí lo hacen otros miles de objetos, algunas auténticas rarezas, como un ejemplar de la conocida como Biblia malvada, otras veces llamada Biblia de los adúlteros o de los pecadores. Data de 1631 y se publicó en Londres con un garrafal error de edición: en el séptimo mandamiento, donde debería decir “No cometerás adulterio”, se comieron ese “no” y sacaron adelante un “Thou shalt commit adultery” que, para disgusto del Rey James, pasó a la historia. El monarca se enfureció, quitó la licencia a esos editores y ordenó destruir todos los ejemplares de aquella obra, pero se salvaron alrededor de una decena. Uno de ellos es el que se puede ver en Washington.

Sin interpretación

Los visitantes caminan a través de una exhibición multimedia titulada 'La Biblia Hebrea' durante una vista previa de los medios, el pasado martes.
Los visitantes caminan a través de una exhibición multimedia titulada 'La Biblia Hebrea' durante una vista previa de los medios, el pasado martes. JIM LO SCALZO EFE
 

El mensaje más repetido por los impulsores es que su enfoque es puramente académico, que no hay intención evangelizadora —“Es una visión periodística de la Biblia”, dijo hace unos días el propio Green—. La cuestión es si es posible presentar el libro sagrado de forma neutra, sin interpretarlo, y sin que afloren intenciones de doctrina. Una parte importante de la macroexposición aborda el impacto del libro sagrado en la historia y se adentra en asuntos como la esclavitud en Estados Unidos, mostrando cómo las escrituras se utilizaron tanto para argumentar a su favor como para fundamentar su abolición. También recoge su papel en la lucha por los derechos de los negros.

Sin embargo, por ejemplo, omite asuntos como su influencia en la imagen de la mujer o la consideración de la homosexualidad, y tampoco toca el tema de la brujería. “Hemos dejado muchas cosas fuera, está claro que un libro que ha impactado a todo el mundo en tantísimos aspectos solo puede cubrir una parte de su influencia y mucha gente echará de menos cosas, pero hemos hecho la selección aconsejados por académicos”, afirma Jeremy Burton, director de comunicación del centro.

CRÍTICAS DE AMBOS LADOS

Cuando empezó a concebirlo, Steve Green se planteaba ubicar el museo en la ciudad texana de Dallas debido a que se trataba de una zona con una gran población creyente, según relató en entrevistas de la época, pero siete años después el centro se ha hecho realidad a escasas manzanas del Capitolio, en la capital estadounidense, una ciudad rematadamente progresista. “Puedo decir que, si bien mucha gente creen que es un proyecto muy religioso, hay otros que critican la poca presencia de Jesús en la muestra. Mientras vengan críticas de ambos lados, está bien”, afirma Burton.

AMANDA MARS

 

En el Capitolio de Estados Unidos hay dos congresistas señalados de acosar a las mujeres. Son la punta del iceberg de una cultura silenciada en el Legislativo que denunciaron las congresistas Jackie Speier y Barbara Comstock, alentadas por el movimiento "Me too", que ya ha hecho temblar a Hollywood.

"Hay dos miembros del Congreso, uno republicano y otro demócrata, ahora mismo en activo, que han protagonizado acoso sexual", dijo Speier durante una audiencia este martes ante un comité de la Cámara Baja del Legislativo estadounidense.

 

La congresista no reveló los nombres de los señalados, pero sí denunció "tocamientos", "proposiciones" y exhibicionismo.

"Muchas de nosotras, en el Congreso, sabemos lo que es, porque el Congreso ha sido durante demasiado tiempo caldo de cultivo de un ambiente de trabajo hostil", dijo Speier, quien hace unos días confesó haber sido víctima de acoso sexual en el Capitolio hace años, antes de ser congresista.

Ante el mismo comité, Comstock relató la experiencia de una joven trabajadora del Capitolio que acudió a la casa de uno de los congresistas señalados para entregarle unos documentos. Una vez ahí, el congresista la recibió semidesnudo, solo con una toalla en la cintura que se quitó para mostrarle sus genitales.

El canal CNN confirmó estas y otras acusaciones de acoso sexual con medio centenar de fuentes legislativas, entre congresistas y excongresistas, trabajadores y extrabajadores. "La mitad son acosadores", dijo una congresista bajo condición de anonimato sobre sus colegas varones del Hemiciclo.

Una extrabajadora de la Cámara Baja, también bajo condición de anonimato, afirmó que los hombres "no tienen autocontrol" en un ambiente con "tantas mujeres jóvenes", en referencia a asesoras y estudiantes en prácticas.

Las normas del Capitolio marcan un auténtico camino de obstáculos para las víctimas que quieren denunciar: un proceso que dura más de tres meses, con cláusula de confidencialidad incluida, además de una mediación en la que el victimario está representado por el Congreso y teniendo que convivir con el acosador durante todo ese tiempo. Los eventuales pactos salidos de este proceso para esconder bajo las alfombras del Congreso los casos de acoso son secretos y sufragados con dinero público.

Ante la indefensión del proceso, las mujeres que trabajan en el Congreso han establecido un mecanismo de autodefensa con normas no escritas, como ser especialmente cuidadosas con los legisladores que duermen en sus oficinas o no coincidir a solas con congresistas en ascensores, reuniones nocturnas u eventos bañados de alcohol. También corre de boca en boca una "lista de indeseables" con los nombres de los congresistas propensos a tener un comportamiento inadecuado, de acuerdo con CNN.

Todo esto es algo que quiere cambiar Speier aprovechando el impacto en la sociedad estadounidense que ha tenido el movimiento "Me too" (yo también), con el que millones de mujeres en todo el mundo han denunciado haber sufrido agresiones sexuales.

 

La legisladora presentará hoy un proyecto de ley para detectar, en primer lugar, el "verdadero alcance" del problema.

Speier también quiere eliminar la actual mediación, proveer un mejor apoyo a las víctimas, dotar de transparencia al proceso, sufragar la defensa de los estudiantes en prácticas que denuncien y que los acosadores paguen de su bolsillo los pactos.

Además de esto, el presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, anunció este martes una formación antiacoso para congresistas y trabajadores, medida similar a la adoptada la semana pasada por el Senado.

Con los señalamientos a los dos congresistas acosadores, el movimiento "Me too" logró adentrarse en el Congreso después de haber convulsionado al corazón de Hollywood.

Decenas de mujeres han denunciado en las últimas semanas al poderoso productor Harvey Weinstein por agresiones sexuales de todo tipo, violaciones incluidas.

También han sido objeto de denuncias de acoso y agresión sexual actores como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Louis C.K. y Ed Westwick, así como cineastas como Brett Ratner y James Toback, mitos convertidos ahora en apestados.

EFE

Cinco días sin noticias del submarino ARA San Juan. La incertidumbre se convierte en tristeza y el pronóstico comienza a inclinarse hacía la versión más dramática. Las preguntas de difícil respuesta se ponen en el tablero de la discusión. ¿Cuánto tiempo puede soportar un submarino sin subir a la superficie? ¿Los víveres son suficientes para aguantar hasta cuándo? ¿Puede la tripulación abandonar el buque con balsas salvavidas? En definitiva, ¿qué desafíos son los que tienen que afrontar estos 43 hombres y la oficial Eliana María Krawczyk, la mujer que embarcó con ellos en Usuhaia?

El capitán Gabriel Galeazzi aclaró que la última comunicación, el miércoles pasado, con el San Juan se produjo con «el buque en la superficie». Fue entonces cuando «comunicó que las baterías habían sufrido una avería por un cortocircuito. Por eso -añadió- el comando de las Fuerzas de Submarinos le dijo que cambiara inmediatamente la derrota (ruta) y fuera a Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Tras conocerse esta información, el escenario que se presenta no es bueno. El papel de las baterías es mucho más importante de lo que se podrían pensar. De estas depende que se puedan activar los tubos de oxígeno y permitan al «sistema atrapar el anhidrído carbónico que exhalan los tripulantes y absorber el oxígeno puro. De este modo, se renueva el ambiente y se evita el envenenamiento», explica en Infobae el perito naval Fernando Morales.

Las baterías únicamente se pueden recargar cuando el submarino logra estabilizarse en lo que se denomina «profundidad de snorkel», uno o dos metros bajo la superficie del agua. En ese estado se recurrre a un periscopio para renovar el aire necesario y recargarlas. Morales coincide con los portavoces de la Armada cuando advierte de que «en caso de que el submarino no pueda alcanzar esa superficie de snorkel para recargar las baterías, el tiempo de autonomía es de siete días».

«En condiciones habituales de navegabilidad -añade- el submarino podría pemanecer debajo del agua al menos 90 días. Se manejen las variables de la capacidad de combustible, el agua, los alimentos y también el oxígeno». Pero en ese lapso de tiempo se incluyen, al menos, «un par de subidas a superficie y que las baterías estén en perfecto estado». Algo que, ahora se sabe, falló en el San Juan.

Enrique Balbi, portavoz de la Armada, estima que el avituallamiento previsto les podría alcanzar para «quince días más los estipulados de viaje».

Otros desafíos, si el submarino sigue operativo aunque incomunicado, son los emocionales. La convivencia en un aparato de escasas dimensiones puede resultar agobiante en condiciones normales, pero en extremas todo se agrava. La oficial Eliana María Krawczyk, responsable del armamento a bordo y primer mujer oficial en un submarino de Sudamérica, recordaba hace unos meses, en el mismo medio digital (el de mayor visitas de Argentina) que ella vivía con normalidad «compartir camarote con otros dos compañeros».

El comandante Carlos Zavala, primero en ponerse al mando y surcar las aguas con el ARA San Juan, recuerda: «Vivir bajo el agua implica acostumbrarse a vivir en una situación de aislamiento absoluto. De incomunicación pero lo primordial es no sufrir de claustrofobia». «La Marina -añade- tiene un gabinete psicológico que le hace un test a cada uno de los marinos antes de que formen parte de una tripulación de un submarino». En ese sentido, confía en la fortaleza de la tripulación.

Nunca antes en la historia de la Armada se habían encontrado frente a una crisis de esta naturaleza. Estar codo a codo las 24 horas del día no debe ser fácil, pero tampoco acostumbrarse a no ver la luz del sol, echar un vistazo al móvil o tener acceso a los medios de comunicación de masas. El esparcimiento, con el transcurrir de los días, también es un problema. «No hay lugar para hacer ejercicios. Y eso complica la situación», insiste el comandante Zavala.

Uno de los mejores submarinos

El ARA San Juan, de fabricación alemana, pese al manto de sospechas que se ha tendido en diferentes medios sobre las condiciones en las que navegaba, está considerado uno de los mejores submarinos. Por esta razón no terminan de encontrar una explicación a lo que está sucediendo.

Los sistemas de comunicación alternativos no funcionaron, las boyas no emitieron señal, tampoco hay rastros de las bengalas especiales para estas embarcaciones ni a vuelo de pájaro se descubrió en el sector rastreado manchas de aceite en el agua, propias del sistema de alerta para llamar la atención sobre su localización. Demasiados indicios de tragedia para seguir siendo optimistas. Aunque los marinos saben que la esperanza es lo último que se pierde.

El caso del asesinato de Adolfo Lagos Espinosa ha dado un vuelco sorpresivo. Las primeras diligencias realizadas por las autoridades del Estado de México han revelado que el vicepresidente corporativo de telecomunicaciones de Televisa y director general de Izzy fue herido de muerte por una bala disparada por uno de sus escoltas. La Fiscalía local investiga desde este domingo el supuesto asalto a mano armada del ejecutivo, que paseaba en bicicleta junto con un acompañante en la carretera Tulancingo-Pirámides, cerca de la zona arqueológica de Teotihuacán.

 

A poco más de 24 horas del crimen, las autoridades de la Fiscalía general del Estado de México han realizado una reconstrucción de los hechos auxiliados por los guardaespaldas que seguían a Lagos Espinosa a la zaga desde una camioneta. Los encargados de seguridad de la víctima, que iban en el vehículo como conductor y copiloto, han colaborado con las autoridades desde el primer momento en calidad de testigos. Las investigaciones han incluido análisis de planimetría para determinar los detalles topográficos donde se dio un supuesto enfrentamiento entre los escoltas y dos hombres de entre 30 y 35 años que intentaron despojar a Lagos y a su acompañante sus bicicletas.

Este tercer testigo, que iba unos metros por delante de Lagos Espinosa, ha dicho a la policía que dos hombres caminaban en sentido opuesto a ellos. Uno de ellos iba armado. “Uno sacó una pistola e instantes después se escucharon varias detonaciones, posteriormente observó como estos individuos corrían hacia una nopalera, al tiempo que continuaban disparando armas de fuego”, cita al testigo un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía la noche del lunes.

 

Peritos locales y de la Procuraduría General de la República (PGR; Fiscalía general) hicieron a lo largo de este lunes pruebas periciales de mecánica de hechos y de balística. En el lugar del crimen se han hallado, hasta el momento, siete casquillos de armas de nueve milímetros. “Corresponden a las armas que ambas personas encargadas de la seguridad de la víctima portaban en el momento de los hechos”, afirma la Fiscalía.

Las diligencias de las autoridades locales y federales han logrado conectar una de esas armas con la bala que le fue extraída a Adolfo Lagos Espinosa de sus costillas derechas. “El resultado de las pruebas realizadas por ambas dependencias es coincidente en determinar que la bala que fue extraída del cuerpo de la víctima, por sus características balísticas, fue disparada por el arma que manejaba la camioneta”, dice el comunicado de prensa. Ese único impacto es el que finalmente le costó la vida al director general de Izzy, que recibió atención médica en una ambulancia y, posteriormente, en el hospital de Villa de las Flores (Coacalco), a 30 kilómetros del lugar del paraje donde ocurrió el incidente.

Es inusual que las investigaciones de homicidios avancen a esta velocidad en el país. Y menos en el Estado de México, una región que tan solo en octubre atendió, en promedio, 10 asesinatos diarios, siete de ellos dolosos. El caso de Lagos Espinosa, sin embargo, contó con una rápida y contundente presión ejercida por los sectores empresariales del país. Políticos, hombres de negocios e intelectuales urgieron a las autoridades a resolver el crimen de un hombre de clase alta con una larga experiencia en la banca mexicana y, desde 2013, con un puesto directivo en el gigante de las telecomunicaciones Televisa.

Esta condena hizo que el propio presidente Peña Nieto prometiera la participación de autoridades federales en la investigación de un delito del fuero común. La Fiscalía local, no obstante, no ha cerrado el caso y ha prometido el “total esclarecimiento” de los hechos. A pesar de esto, las autoridades locales han aportado con rapidez un dato contundente. Lagos Espinosa murió por una bala disparada por un hombre que vivía para cuidarlo.

LUIS PABLO BEAUREGARD

Adolfo Lagos, director general de Izzi y vicepresidente de Televisa, fue asesinado este domingo en una carretera del Estado de México por un grupo de personas armadas. La muerte ha sido confirmada por el grupo de comunicación a primera hora de la tarde.

 

Según un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Lagos fue asaltado cuando viajaba en una bicicleta por la carretera Tulancingo-Pirámides. De acuerdo a la versión de varios medios locales, dos hombres salieron de entre los matorrales para intentar robar a Lagos. El directivo de Televisa estaba acompañado de otro hombre y su escolta, quien intentó protegerlos. Según el diario Milenio, uno de los atacantes resultó herido aunque consiguió escapar.

Fue el escolta quien subió a Adolfo Lagos a un vehículo y le condujo hasta encontrar una ambulancia. El directivo de Televisa fue trasladado a un hospital del municipio de Coacalco, donde falleció, según informaron las autoridades.

Las reacciones a la muerte de Lagos se sucedieron durante la tarde del domingo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo referencia al crimen a través de su cuenta de Twitter: "Lamento y condeno los hechos en los que perdió la vida Adolfo Lagos Espinosa. Expreso mis condolencias a sus familiares", aseguró el mandatario, quien señaló que la PGR trabajará con la Fiscalía del Estado de México "para la investigación y detención de los responsables.

Desde el sector empresarial, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, también condenó el asesinato de Lagos y exigió "acciones contra la ola de inseguridad" en todo el país. Lagos, de 69 años, se incorporó hace cuatro años a Televisa. Experto en tecnología, antes había sido directivo de varios bancos, como Serfín, Bancomer y el Santander.

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