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La mayoría de personas fallecieron por el derrumbe de edificios o postes, siete de ellas en La Habana

Las inundaciones y los fuertes vientos del huracán Irma se han cobrado al menos 10 muertes en Cuba, según anunciaron este lunes las autoridades de la isla. Fallecieron por el derrumbe de edificios y postes eléctricos o ahogadas ante el virulento avance del agua. Siete de las muertes tuvieron lugar en La Habana, donde el domingo se registraron olas de 11 metros de altura. Los daños estructurales han sido enormes: muchas zonas del país no tienen electricidad ni agua corriente.

“Han sido días duros para nuestro pueblo, que en solo pocas horas ha visto cómo lo construido con esfuerzo es golpeado por un devastador huracán”, dijo el presidente cubano, Raúl Castro, en un mensaje a la población publicado en el diario oficial Gramma. “Las imágenes de las últimas horas son elocuentes, como también lo es el espíritu de resistencia y victoria de nuestro pueblo que renace con cada adversidad”.

Castro anunció que la tormenta causó “severos daños” en Cuba, como “afectaciones en las viviendas, el sistema electroenergético y la agricultura”. También golpeó a polos turísticos, como Varadero y los cayos de la costa norte, pero el presidente aseguró que esas zonas serán recuperadas “antes del inicio de temporada alta”, que arranca en noviembre.

El turismo es la segunda fuente económica del país comunista, por lo que el impacto de Irma puede ser grave. El aeropuerto de La Habana no reanudará su actividad hasta el martes, el mismo día que reabrirán las universidades. El aeropuerto del turístico Cayo Coco fue totalmente destrozado, según informa la agencia Efe. Varias empresas españolas gestionan hoteles en esa zona costera.

Irma es el tercer huracán de los últimos años en número de víctimas mortales en Cuba. La tormenta Dennis, en julio de 2005, causó 17 muertes y Sandy, en octubre de 2012, 11.

Ante el recorrido devastador de Irma por el Caribe, 1,7 millones de personas, cerca de una quinta parte de la población cubana, habían sido evacuadas de zonas vulnerables del país. En La Habana, con dos millones de habitantes, fueron desalojadas 10.000 personas por la cercanía de sus casas al mar o el mal estado de las viviendas. Pero las precauciones no pudieron evitar que, con el azote del huracán, el agua se adentrara unos 300 metros por las calles más cercanas al malecón, creando improvisados canales urbanos.

Irma llegó el viernes a Cuba con máxima fuerza. Fue la primera vez desde 1932 que el epicentro de un huracán de categoría cinco, el mayor posible, tocó tierra en el país. En las horas posteriores, la tormenta fue perdiendo algo de fuerza mientras se enfilaba hacia Estados Unidos. 

El mayor impacto ocurrió en la región central de la costa norte de Cuba, especialmente en las provincias de Camagüey y Matanzas. El viento sopló a una velocidad de hasta 195 kilómetros por hora y generó olas de hasta nueve metros de altura.

En Varadero, el principal balneario turístico del país, los daños fueron menores de lo esperado. Había 18.000 turistas en la zona, la mayoría extranjeros. “Pasamos mucho, mucho miedo”, dijo a Efe Maxine, una inglesa de Leeds que se define como una “veterana en huracanes” porque estuvo de vacaciones en la isla durante el azote del ciclón Isaac en 2012, pero asegura que “nada” es equiparable a la furia del Irma.

“Todos los ingleses nos unimos con los cubanos para ayudar a limpiar la zona de la piscina. Los hombres levantaron las ramas para que así todo quedara limpio”, explicó la turista, que fue evacuada de su hotel junto a un grupo de más de una decena de amigos.

Precisamente, el operador de turismo Thomas Cook anunció este lunes de que llevará a cabo en los próximos días un plan de evacuación de Varadero de unos 2.350 viajeros procedentes de Reino Unido.

J.FAUS

La decisión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de poner tierra de por medio con la justicia española e instalarse en Bélgica entorpecerá, pero no interrumpirá, las investigaciones judiciales que pesan contra él. En caso de no comparecer cuando sea llamado, los jueces enviarán a la justicia belga una Orden Europea de Detención. En teoría, este procedimiento permitiría, según fuentes jurídicas, la entrega a España del político en un plazo de 60 días.

Carles Puigdemont “está bien asesorado jurídicamente al elegir Bélgica” como destino para tratar de escapar de la acción de la Justicia española, consideran las fuentes consultadas bajo condición de anonimato. El expresidente catalán está investigado por malversación, prevaricación y desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, su situación se agravará considerablemente después de que, este martes, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela admitiera a trámite la querella por rebelión —delito castigado con hasta 30 años de cárcel— contra él y los 13 exconsejeros de su Gobierno presentada el lunes por el lunes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Este horizonte penal poco halagüeño ha llevado a Puigdemont —y a otros cinco de sus consejeros— a instalarse en Bélgica y contratar al abogado Paul Bekaert. Este letrado flamenco de 68 años ha conseguido paralizar la entrega a España de varios miembros de la banda terrorista ETA. Su último logro en este campo, hace cuatro años, fue evitar que Bélgica entregara a la Audiencia Nacional a la etarra Natividad Jauregi. Puigdemont acudió ayer al aeropuerto de Bruselas a despedirse de los cinco consejeros que le acompañaron a la capital belga y que volvían a Barcelona.

La acción judicial, pendiente de la escapada belga de Puigdemont
 

Fuentes judiciales españolas consideran que Bélgica “no es mal país para hacer esperar” a la Justicia española, ya que sus jueces son especialmente sensibles y puntillosos a las alegaciones de vulneraciones de derechos fundamentales. En su rueda de prensa de este martes en Bruselas, Puigdemont, destituido el viernes pasado al aplicar el Gobierno el artículo 155 de la Constitución, manifestó que no volverá a España hasta que no tenga “garantías de un juicio justo”.

La juez Lamela admitió a trámite la querella por rebelión, como hizo este martes el Tribunal Supremo con la querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa de la Cámara que permitieron que se votara el viernes la declaración de independencia de Cataluña. En caso de que no comparezcan ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena y la juez Lemela, estos podrían dictar un auto —resolución razonada— con una orden de detención e ingreso en prisión contra ellos.

Con esa resolución, los jueces españoles pueden activar la Orden Europea de Detención, un procedimiento que sustituye en el ámbito de la Unión Europea, a las antiguas órdenes de extradición. Para lanzar esta orden es preciso que la Fiscalía lo reclame previamente.

Esta orden de arresto la entrega el juez, a la Policía Nacional, que a través de la llamada Oficina Sirene, de cooperación técnica y operativa entre cuerpos policiales de Estados del espacio Schengen, la remite a la oficina homóloga de la policía belga. Este mecanismo supone ya la detención del buscado y su puesta a disposición de un juez belga encargado de estudiar la entrega a España.

 

El procedimiento de la OED, se aplica en España desde 2003 y se actualizó en noviembre de 2014, entre otros motivos para incluir la obligación de que sea el fiscal quien solicite la entrega (antes de esa fecha, los jueces podían dictar la OED directamente) y también para incorporar el llamado principio de proporcionalidad, por el que solo se pueden emitir las OED cuando en España se dan los presupuestos para la prisión provisional. Al contrario que la extradición, se hace entre jueces de Estados miembros de la UE y en él no participan los Gobiernos de los países. “No va a tener ninguna influencia del Ejecutivo, ese es un principio básico de la OED”, explica un magistrado.

La Orden Europea de Detención se regula en España en la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Esta norma traspone al derecho español, entre otras, una decisión marco comunitaria de 2002 sobre este mecanismo de agilización de la entrega de detenidos.

Recovecos legales

Aunque el procedimiento, sobre el papel, es bastante ágil —en unos 60 días la justicia del país requerido suele acordar la entrega de la persona buscada—, fuentes jurídicas señalan una serie de recovecos legales que pueden dilatar los plazos. Una de ellas es, por ejemplo, que el juez reclamante no haya agotado otros mecanismos para interrogar al imputado, como la videoconferencia, aunque en delitos tan graves como la rebelión, una excusa así tendría poca cabida, señalan los entrevistados.

Otra alegación podría ser el hecho de que la rebelión no se encuentra entre la lista de 32 delitos que la norma europea establece como exentos de “control de la doble tipificación”, es decir que ese delito esté recogido en los códigos penales de ambos países. La rebelión en la normativa belga, según fuentes consultadas, tiene una definición ligeramente distinta a la española, y en la propia España es un tipo penal dudoso. Esto podría llevar a los jueces belgas a tener argumentos para entrar en el fondo del asunto y examinar si a ojos de la ley de aquel país la conducta de Puigdemont y los demás consejeros huidos a Bélgica es perseguible. En caso de que el juez encargado de tramitar la entrega acceda a ello, el reclamado puede apelar en segunda instancia.

Aunque el sistema simplificado de la OED se basa en un “grado de confianza elevado” entre los Estados miembros de la UE y de que las resoluciones judiciales de un país son reconocidas por el resto, los reclamados pueden alegar —y todo apunta a que Puigdemont lo hará— miedo a que sus derechos fundamentales no sean respetados en España. El artículo 1.3 de la decisión marco de 2002 abre la puerta a esa posibilidad, y precisamente sirvió para que Bélgica paralizara las entregas de varios etarras en el pasado.

No obstante, todas las fuentes consultadas explican que el contexto actual es muy distinto confían en que todos estos obstáculos se irán salvando aunque puedan llevar tiempo. Un fiscal de la Audiencia Nacional recuerda que en los últimos años el procedimiento de la OED entre España y Bélgica ha funcionado de manera muy aceptable en asuntos como el terrorismo islamista.

FERNANDO J. PÉREZ

Carles Puigdemont no volverá a España hasta que no considere que existen «garantías de imparcialidad» para ser juzgado y la amenaza cierta de una larga condena de cárcel es el motivo central de su huida. En una estrambótica rueda de prensa en la sede de un club privado en Bruselas el expresidente de la Generalitat dijo que su salida de España obedece a un plan pergeñado el pasado viernes cuyo objetivo sería «evidenciar el problema catalán en el corazón de Europa» y denunciar «la politización de la justicia española, su voluntad de perseguir ideas y no delitos y para evidenciar ante todo el mundo el grave déficit democrático en España».

Aunque se sigue considerando como presidente de la Generalitat de Cataluña, asegura que no tiene intención de huir de la justicia, pero al mismo tiempo insiste en que cree que no existen condiciones para volver a España porque ahora se siente amenazado tanto por «grupos violentos» que no identificó, como por la justicia, a la que acusa de estar actuando por venganza. «No estoy aquí para pedir asilo político, sino porque es la capital de Europa. Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad».

El que fuera presidente autonómico de Cataluña hasta el viernes ha asegurado que una parte del exgobierno catalán seguirá en Bélgica -a la par que otros exconsejeros, con Oriol Junqueras, al frente, «seguirán trabajando» desde Cataluña- para «poder trabajar en libertad y con seguridad». De hecho, Junqueras y los cuatros consellers también cesados Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó y Raül Romeva se han reunido a las 13.45 horas de este martes en la sala 9 del Parlament. Es la primera reunión pública del Govern desde que el viernes de la semana pasada fuera cesado al completo por el presidente del Gobierno.

Puigdemont ha pedido a los catalanes independentistas que se preparen para «un largo trayecto» y ha dicho que no le dan miedo las próximas elecciones a las que su partido va a concurrir y ha pedido «a las fuerzas del 155» como se refiere a los partidos que defienden la Constitución, que se comprometan a aceptar el resultado. 

La nueva estrategia independentista podría obligar a la Justicia española a solicitar una euroorden 

En opinión de Puigdemont no se dan las condiciones para ser juzgados en España y ha calificado la actitud del Gobierno de España de «altamente agresiva y sin precedentes». Puigdemont, que se ha dirigido a la prensa congregada en catalán, español, francés e inglés, ha cargado contra el Gobierno por no querer «dialogar» con él. Puigdemont y sus exconsejeros ponen en marcha, así, una nueva estrategia, que decidieron por unanimidad el viernes, según su confesión, una vez el Parlamento de Cataluña declaró la secesión y el Gobierno de España puso en marcha el artículo 155 de la Constitución.

Esta estrategia podría obligar a la Justicia española a solicitar una euroorden, cuando la jueza instructora de la Audienca Nacional pida la comparecencia de los miembros que formaron parte del gobierno catalán y figuran en la querella presentada ayer por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. De hecho, Puigdemont ha indicado que la querella y su aceptación confirmarían la «extrema agresividad» de las instituciones del Estado contra su gobierno y ha hecho referencias a que, tanto él como sus exconsejeros, se consideran perseguidos políticos.

 

La nueva estrategia de Puigdemont se estructura en cuatro fases.Una primera que supone llevar «el problema catalán al corazón de Europa» y «denunciar la politización de la justicia en España». En segundo lugar, dividir el exgobierno entre Bruselas y Cataluña para «seguir trabajando», dándose por no cesados. La estrategia también incluye apoyar «las iniciativas para evitar la aplicación del artículo 155, para evitar que se desmonte el sistema institucional catalán» y, por último, participar en las elecciones del 21-D, una cita que ha puesto en duda al retar al Gobierno a aceptar su resultado. 

El Gobierno belga rehazó ceder a Puigdemont un edificio público para la comparecencia 

El Gobierno belga ha reaccionado con evidente disgusto ante la presencia de Puigdemont y de hecho le ha negado una sala en un edificio de titularidad pública dedicado precisamente a organizar ruedas de prensa. Puigdemont ha insistido varias veces en que no ha tenido contactos con fuerzas políticas belgas y en que el hecho de que se encuentre en Bruselas se debe a su condición de capital europea y no tiene que ver con sus «complicidades» con los nacionalistas flamencos. «Soy un ciudadano europeo que puede desplazarse libremente y no he cometido ninguna ilegalidad por estar aquí» señaló.  

Esto le ha confirmado este lunes a la BBC una fuente cercana al exlíder catalán, poco después de que se conociera que el fiscal general del Estado presentó una querella contra él y todos los miembros de su gobierno destituidos por lo delitos de sedición y rebelión, entre otros.

Por el momento se desconoce cuál es el motivo del viaje a Bélgica de Puigdemont, aunque medios de España apuntan que el presidente destituido se ha reunido con políticos flamencos y que esta tarde podría haber una comparecencia ante los medios de comunicación.

Theo Francken, secretario de estado belga de asilo y migración y del partido independentista flamenco N-VA, se mostró dispuesto este domingo a dar asilo al expresidente catalán, pero el primer ministro Charles Michel negó luego que esa posibilidad estuviera sobre la mesa.

Ningún Estado ha reconocido hasta ahora la declaración de independencia aprobada por el parlamento catalán el viernes 27 de octubre, cuando los partidos no independentistas abandonaron el pleno.

El expresidente de la Generalitat colgó en la mañana de este lunes en Instagram una fotografía tomada desde la sede del gobierno catalán, que parecía indicar que se encontraba en su interior.

 BBC

La decisión del presidente Trump de reconocer la capitalidad de Jerusalén y de trasladar allí su embajada ha puesto una enorme roca en el camino de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, que el propio mandatario había encargado encarrilar a su yerno, Jared Kushner, judío ortodoxo, que está casado con su hija Ivanka Trump.

A pesar de su escasa experiencia diplomática –su trayectoria está vinculada con el sector inmobiliario–, Kushner, de 36 años, se ha convertido en el principal asesor del presidente, desplazando en la toma de decisiones al secretario de Estado, Rex Tillerson.

Su papel de negociador choca, sin embargo, con otra de sus facetas: la de benefactor de asentamientos israelíes, considerados por la comunidad internacional como ilegales. Kushner codirigió, hasta enero de 2017, la Fundación Charles y Seryl Kushner, que durante años ha donado decenas de miles de dólares para proyectos relacionados con los asentamientos en Cisjordania, como el de Beit El. Asentamientos que la ONU volvió a condenar en una resolución aprobada el pasado mes de diciembre en la que instó a ponerles fin. Entonces EE.UU. dio la sorpresa al abstenerse en la votación (fue una de las últimas decisiones de Barack Obama) y no utilizar su derecho de veto.

Semanas después, la revista «Newsweek» reveló que Kushner habría intentado influir para que el Consejo de Seguridad rechazara dicha resolución. Asimismo señaló que el yerno de Trump había omitido información a la Oficina de Ética del Gobierno de EE.UU. sobre su vinculación con la Fundación Kushner. Luego afirmó que se había retirado de la fundación en 2015, dato que volvió a corregir. Con ese «error» habría intentado evitar la incompatibilidad con su nuevo puesto de negociador de paz.

El Gobierno de EE.UU, así como el de Israel, también se habrían opuesto a la publicación de una «lista negra» que está confeccionando la ONU con las empresas que trabajan en los asentamientos ilegales. Habrá que esperar para ver quién aparece en ella.

Un feroz incendio forestal estalló el miércoles en Los Ángeles justo cuando los bomberos batallaban contra otras tres conflagraciones en el sur de California.

Las llamas empezaron a arder en la madrugada en las laderas de Sepulveda Pass, donde la Carretera Interestatal 405 atraviesa la Cordillera Santa Mónica. En las cimas de la cordillera se encuentran varias costosas viviendas.

Los bomberos trataban de enfrentar el siniestro mientras helicópteros, en la oscuridad de la noche, arrojaban agua sobre el flanco oriental de las llamas. Se prohibió el tráfico en el carril rumbo norte de la carretera, pero para el sur sí se podía transitar.
 

El uso de aeronaves para apagar el incendio se veía limitado debido a fuertes vientos, los mismos que acicateaban las llamas. Los aviones y helicópteros, cuyos lanzamientos de agua son claves para aplacar el fuego, tienen que permanecer en tierra debido a la peligrosidad de volar en medio de vendavales tan intensos. Las ráfagas ascendían a más 80 kilómetros por hora (50 millas por hora).

 
(Photo by Mario Tama/Getty Images)
(Photo by Mario Tama/Getty Images)

Los jefes del operativo ansiaban hacer despegar las aeronaves el miércoles por la mañana pero todos los pronósticos indicaban que el viento será igual de fuerte. Las llamas han llevado a la evacuación de casi 200.000 personas, han destrozado casi 200 viviendas y siguen fuera de control.

"No son buenas las probabilidades de contener este incendio", dijo el jefe de bomberos del condado Ventura, Mark Lorenzen. "A decir verdad, será la Madre Naturaleza la que decida cuándo podemos apagar este fuego", agregó Lorenzen en conferencia de prensa el martes.

 
(Photo by David McNew/Getty Images)
(Photo by David McNew/Getty Images)

Los vientos Santa Ana son un fenómeno conocido en el sur de California, y han contribuido a algunos de los incendios más devastadoras en la historia de la región. Son vientos que vienen desde tierra adentro y soplan hacia el océano Pacífico y cobran impulso a medida que serpentean por los cañones y valles de la región.

El incendio más grande y más destructivo abarcaba 220 kilómetros cuadrados (85 millas cuadradas) y afectaba al condado Ventura, al noroeste de Los Ángeles. El martes a la noche se aproximaba a la costa del Pacífico aunque había empezado el día anterior a 48 kilómetros (30 millas) tierra adentro.

 
(Photo by David McNew/Getty Images)
(Photo by David McNew/Getty Images)

El incendio atravesó la Carretera 101 y alcanzó una rocosa zona costera al noroeste de Ventura, lo que ocasionó más evacuaciones aunque las autoridades reconocieron que debido a la escasa población y la falta de vegetación ese incendio no era tan peligroso. La carretera no fue clausurada.

Por AMANDA LEE MYERS y ANDREW DALTON (AP)

MIAMI.- Cuba podría convertirse en un mercado turístico que ronde los 1.000 millones de dólarespara las aerolíneas y cruceros estadounidenses si se suman las proyecciones de 2017, 2018 y 2019, según el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba.

 

Un estudio publicado este lunes vaticina que las líneas de cruceros acumularán más de 761 millones de dólares en ingresos brutos durante esos tres años al transportar a más de 570.000 pasajeros, mientras que las aerolíneas sumarán otros 228 millones de dólares.

El consejo señaló que actualmente hay por lo menos 335 itinerarios en cruceros a Cuba a cargo de Royal CaribbeanCarnival y Norwegian, todas con sedes principales en Florida, y otras líneas más pequeñas, y pronosticó que estos viajes pueden aumentar.

Calculó además que estos trayectos a la isla caribeña dejarán a Cuba ganancias por más de 80 millones de dólares en gastos de pasajeros, además de más de 21 millones de dólares en impuestos portuarios.

El Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba recordó que en 2016 las ganancias de Royal Caribbean, Carnival y Norwegian sumaron en total 28.800 millones de dólares por concepto de sus viajes en 144 embarcaciones a sus distintos destinos.

En mayo de ese año el buque "Adonia" de Fathom (filial de Carnival) fue el primero en llegar tras el "deshielo" diplomático entre La Habana y Washington emprendido por el entonces presidente Barack Obama.

El informe, dado a conocer este lunes por John Kavulich, presidente del Consejo, contabiliza además más de 100 millones de dólares en ganancias por turismo para Florida, punto de partida y llegada de la mayoría de vuelos y cruceros a la isla.

Precisó que estos ingresos son especialmente en hotelesrestaurantes y servicios de transporte terrestre en el sur de Florida.

Sin embargo, pese a la apertura emprendida por Obama, aún persiste el embargo económico estadounidense a Cuba, que solo puede levantarlo el Congreso.

A esto se suma que varias medidas de la política de acercamiento de Obama, que también restableció en 2016 los vuelos comerciales de EEUU a Cuba, están sufriendo un revés bajo la presidencia de Donald Trump.

El republicano ha impuesto nuevas limitaciones, entre ellas la eliminación de los viajes individualespara hacer contactos con el pueblo cubano (la modalidad "people to people", en inglés), una de las más populares.

La medida hace parte de la nuevas restricciones del Gobierno de Trump para congelar la normalización con Cuba, que incluyen prohibir las transacciones con ciertas entidades gubernamentales de la isla.

FUENTE: EFE

Una semana después de la elección de Donald Trump, el presidente Xi Jinping viajó a Latinoamérica por tercera vez en tres años para enviar un claro mensaje: China quiere ser el principal aliado de la región. “Si compartimos la misma voz y los mismos valores, podemos conversar y admirarnos sin importar la distancia”, prometió el líder asiático ante la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en Santiago. A poco de cumplirse el primer año de Trump en la Casa Blanca, el Gobierno de EE UU está en retirada del plano internacional, cuestionando alianzas y rompiendo acuerdos. En América Latina, China, que desde hace más de 10 años es un importante socio comercial, aumenta ahora su influencia política, cultural y social para ocupar el vacío creado por la falta de estrategia estadounidense.

 

Trump llegó a la Casa Blanca aupando una retórica nacionalista y proteccionista en el ámbito comercial. Latinoamérica observó el carácter impredecible de un nuevo presidente anti-establishment con incertidumbre. Pero en menos de un año, el presidente estadounidense ha confirmado su lealtad a su agenda anti-globalización de “América Primero”. Trump ha retirado a EE UU del Acuerdo de París —al que están suscritas todas las naciones del mundo— y del Tratado comercial con el Pacífico (TPP) con países asiáticos y latinoamericanos. El presidente también ha amenazado con poner fin al Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y Canadá. Con estas y otras decisiones, Trump ha distanciado a EE UU de su posición hegemónica mundial y forzado a sus socios tradicionales a buscar y reforzar otras alianzas. “Siempre pondré a América primero, no podemos seguir participando en acuerdos en los que EE UU no obtiene nada bueno”, afirmó el republicano en la Asamblea General de la ONU.

Más allá de las repetidas sanciones contra el Gobierno de Venezuela el retroceso en los pactos comerciales, la nueva Administración no ha establecido una estrategia de aproximación hacia sus vecinos del sur ni asignado todavía los diplomáticos de los puestos clave en el Departamento de Estado. EE UU, en sus pocas referencias a Latinoamérica, ha centrado su discurso en la dureza contra la inmigración y el narcotráfico. En agosto, el vicepresidente Mike Pence trató de suavizar las señales que Washington envía con una breve gira por cuatro países. Pese a haber hablado por teléfono con la mayoría de presidentes, Trump ha optado por Europa, Oriente Medio y Asia en sus primeras salidas internacionales.

 

El viaje de Jinping, cargado de simbolismo, sugirió una aceleración por profundizar las relaciones entre Latinoamérica y su país, que desde hace 15 años ha incrementando exponencialmente su inversiones en la región. En ese tiempo, el gigante asiático ha multiplicado por 22 veces el volumen de su comercio con los países de la región. En 2016, invirtió cerca de 90.000 millones de dólares en los países del área. China es ya hoy el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú. Pero su huella en América Latina ya sobrepasa los ámbitos económicos.

“Ahora China trata de conseguir influencia política. Cada vez consigue penetrar más las esferas académicas, culturales, sociales así como la prensa. Tienen miles de iniciativas para conectar con élites y personas de influencia, por ejemplo líderes de opinión, diplomáticos, periodistas, para atraerles a una visión positiva de China”, afirmó esta semana el investigador y periodista Juan Pablo Cardenal en una conferencia organizada en Washington por el think-tank Americas Society, Council of the Americas. Otros no lo creen así. “Solo quieren negocios, materias primas y comercio”, defendió el exembajador mexicano ante China, Jorge Guajardo.

Sin embargo en los últimos años, el Gobierno chino y sus agencias han impulsado iniciativas alejadas del ámbito comercial. “Invitan a gente a China para participar en conferencias, exponer una imagen benévola de su régimen, y les ‘convierten’ en embajadores de facto del Gobierno chino. A menudo se leen columnas de opinión en medios de la región que emulan el discurso promulgado del Partido Comunista de China”, explicó Cardenal, que ha investigado la influencia de China en más de 40 países.

Hace un año Jinping anunció que en los próximos años su Gobierno dará la bienvenida a más de 10.000 jóvenes líderes, 500 periodistas y hasta 1.500 representantes políticos para participar en jornadas. China ha creado Institutos Confucios en universidades de nueve países, para promover el aprendizaje del chino y la cultura del país, y programas de intercambio para estudiantes. Pese a que en China hay poca libertad de prensa, el país y Latinoamérica han forjado una estrecha cooperación que cada año celebra un congreso con los principales actores de los medios de comunicación de la región. “Las asociaciones, las empresas y el Gobierno chinos reman en la misma dirección: quieren favorecer los objetivos nacionales estratégicos del país”, afirmó Cardenal.

Otras iniciativas son más explícitas. Panamá, un socio tradicional de EE UU, reactivó en junio sus relaciones diplomáticas con Pekín y en noviembre, durante una visita del presidente de tres días, abrió su embajada en la capital china. Ambos países firmaron hasta doce acuerdos, algunos de los cuales están dedicados a la promoción cultural y el turismo.

Lejos de ralentizarse, el auge de China en Latinoamérica es observado como un fracaso de la política estadounidense, según señalaron los expertos. La entrada de lleno del gigante asiático en la urbanización geográfica de EE UU es un motivo de preocupación y una señal de la pérdida de la hegemonía estadounidense. Con la posible finalización del TLC, para muchos un acuerdo vital de la economía de EE UU, China ya se ha perfilado como una alternativa para México. De ocurrir, su sombra asomaría por la frontera sur, aquella que Trump quiere proteger con un muro.

NICOLÁS ALONSO

 

El segundo escrutinio especial con 4.753 actas por un presunto «fraude» denunciado por la Alianza de Oposición contra la Dictadura que lidera Salvador Nasralla, finalizó este domingo con ventaja para el candidato del gobernante Partido Nacional y presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

El recuento de actas electorales, que se inició el jueves, finalizó hacia las 03.00 horas locales (09.00 GMT) con el 50,11%de los votos a favor de Hernández y el 31,54% para Nasralla, según el último informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en su página web.

El segundo escrutinio fue hecho con observadores nacionales que representan a diversos sectores sociales, en presencia de observadores de misiones electorales de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), informa Efe.

Según el magistrado presidente del TSE, David Matamoros, el resultado del escrutinio «es sumamente consistente». «Las variaciones son mínimas, lo cual indica que los miembros de las mesas el día de las elecciones hicieron un trabajo muy bueno, un trabajo de primera calidad», señaló en declaraciones recogidas por «El Heraldo». Matamoros concluyó: «Al final se demuestra que las actas fueron bien hechas por representantes de los diez partidos».

Similar trabajo se hizo los pasados días 3 y 4 con otras 1.006 actas electorales, ante la denuncia de Nasralla en el sentido de que en 5.759 estaban los «votos del fraude» con los que desde el TSE le habrían «robado» el triunfo en las elecciones del 26 de noviembre.

El segundo escrutinio se hizo por recomendaciones de las misiones de observadores electorales de la UE y la OEA, que han venido acompañado el reñido proceso de elecciones del país centroamericano.

El viernes, Nasralla reiteró que no reconocerá los resultadosdel TSE y solicitó la nulidad de las elecciones en la fórmula presidencial.

La Alianza de Oposición convoca manifestaciones

Según el último informe del TSE sobre las elecciones, antes de los dos escrutinios especiales, Juan Orlando Hernández obtuvo el 42,98% de los votos, mientras que Salvador Nasralla sumó el 41,38% de las 18.128 mesas electorales, que representan el 100%.

En paralelo al segundo escrutinio especial, el TSE trabaja en las impugnaciones, dos para la fórmula presidencial y más de un centenar en las de diputados y alcaldías, que terminaron de ser presentadas en las últimas horas del viernes, cuando venció el plazo para ello.

En rechazo al «fraude», la Alianza de Oposición ha anunciado para este domingo nuevas manifestaciones en todo el país, aduciendo que el ganador de las elecciones es Nasralla.

Se presume que con el segundo escrutinio especial quedará definido el presidente electo de Honduras, aunque para la declaración oficial, lo mismo que de los nuevos 128 diputados y 298 alcaldías municipales, el TSE tiene 30 días a partir de la fecha en que se celebraron las elecciones.

EFE

  • Un juez procesa a la expresidenta argentina por presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a una mutua judía en 1994 y pide al Senado que vote despojarla de su inmunidad.

    Un juez procesó hoy a la expresidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández por presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a una mutua judía de Buenos Aires en 1994 y pidió al Senado que vote despojarla de su inmunidad como legisladora para que pueda ser detenida.

    Según informó la agencia estatal de noticias Télam, el juez federal Claudio Bonadio tomó esta medida al considerar que la exmandataria puede entorpecer la causa, abierta por la denuncia por encubrimiento que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto en condiciones que todavía se investigan.

    El juez tomó esta medida al considerar que la exmandataria puede entorpecer la causa

    Bonadio dictó otros procesamientos, y varios de ellos con prisión preventiva, entre los que figuran el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini y el sindicalista Luis D’Elía, que ya fueron arrestados, y otorgó la prisión domiciliaria al excanciller Héctor Timerman por su delicado estado de salud.

    Zannini fue detenido esta madrugada en Río Gallegos, capital de la sureña provincia de Santa Cruz, y D’Elía en su domicilio de la localidad bonaerense de Laferrere.

    Jorge “Yussuf” Khalil, referente de la comunidad islámica en Argentina, también fue arrestado.

    Nisman aseguraba que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutua AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.

    Tras la muerte del fiscal, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta a finales de 2016 y posteriormente unificada con otra por presunta traición a la patria, también con eje en el polémico acuerdo, y dirigida por Bonadio.

    Es así que por este expediente, en los últimos meses, los imputados ya debieron acudir a declarar como investigados ante el juez.

    “No tuvimos ningún otro propósito al suscribir el Memorándum de Entendimiento que lograr un avance mediante la toma de declaraciones a los imputados iraníes, única forma de que la investigación en curso saliera del punto muerto en que se encuentra”, expresó Fernández en un escrito presentado ante Bonadio.

    La exmandataria, implicada en múltiples causas judiciales, la mayoría por corrupción, obtuvo un escaño de senadora en los comicios legislativos del 22 de octubre y juró su cargo el pasado 29 de noviembre, lo que le otorga fueros parlamentarios y la imposibilidad de ser detenida.

    La Cámara Alta deberá decidir ahora si atiende la solicitud de Bonadio de despojar a Fernández de esos privilegios, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.

    La viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) acusa desde hace tiempo al Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, de usar el Poder Judicial para perseguir opositores y de querer un “Parlamento sumiso” donde los legisladores voten lo que los oficialistas quieren.

    El atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo ataque contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel, también sin esclarecer.

  • EFE

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