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La mayoría de personas fallecieron por el derrumbe de edificios o postes, siete de ellas en La Habana

Las inundaciones y los fuertes vientos del huracán Irma se han cobrado al menos 10 muertes en Cuba, según anunciaron este lunes las autoridades de la isla. Fallecieron por el derrumbe de edificios y postes eléctricos o ahogadas ante el virulento avance del agua. Siete de las muertes tuvieron lugar en La Habana, donde el domingo se registraron olas de 11 metros de altura. Los daños estructurales han sido enormes: muchas zonas del país no tienen electricidad ni agua corriente.

“Han sido días duros para nuestro pueblo, que en solo pocas horas ha visto cómo lo construido con esfuerzo es golpeado por un devastador huracán”, dijo el presidente cubano, Raúl Castro, en un mensaje a la población publicado en el diario oficial Gramma. “Las imágenes de las últimas horas son elocuentes, como también lo es el espíritu de resistencia y victoria de nuestro pueblo que renace con cada adversidad”.

Castro anunció que la tormenta causó “severos daños” en Cuba, como “afectaciones en las viviendas, el sistema electroenergético y la agricultura”. También golpeó a polos turísticos, como Varadero y los cayos de la costa norte, pero el presidente aseguró que esas zonas serán recuperadas “antes del inicio de temporada alta”, que arranca en noviembre.

El turismo es la segunda fuente económica del país comunista, por lo que el impacto de Irma puede ser grave. El aeropuerto de La Habana no reanudará su actividad hasta el martes, el mismo día que reabrirán las universidades. El aeropuerto del turístico Cayo Coco fue totalmente destrozado, según informa la agencia Efe. Varias empresas españolas gestionan hoteles en esa zona costera.

Irma es el tercer huracán de los últimos años en número de víctimas mortales en Cuba. La tormenta Dennis, en julio de 2005, causó 17 muertes y Sandy, en octubre de 2012, 11.

Ante el recorrido devastador de Irma por el Caribe, 1,7 millones de personas, cerca de una quinta parte de la población cubana, habían sido evacuadas de zonas vulnerables del país. En La Habana, con dos millones de habitantes, fueron desalojadas 10.000 personas por la cercanía de sus casas al mar o el mal estado de las viviendas. Pero las precauciones no pudieron evitar que, con el azote del huracán, el agua se adentrara unos 300 metros por las calles más cercanas al malecón, creando improvisados canales urbanos.

Irma llegó el viernes a Cuba con máxima fuerza. Fue la primera vez desde 1932 que el epicentro de un huracán de categoría cinco, el mayor posible, tocó tierra en el país. En las horas posteriores, la tormenta fue perdiendo algo de fuerza mientras se enfilaba hacia Estados Unidos. 

El mayor impacto ocurrió en la región central de la costa norte de Cuba, especialmente en las provincias de Camagüey y Matanzas. El viento sopló a una velocidad de hasta 195 kilómetros por hora y generó olas de hasta nueve metros de altura.

En Varadero, el principal balneario turístico del país, los daños fueron menores de lo esperado. Había 18.000 turistas en la zona, la mayoría extranjeros. “Pasamos mucho, mucho miedo”, dijo a Efe Maxine, una inglesa de Leeds que se define como una “veterana en huracanes” porque estuvo de vacaciones en la isla durante el azote del ciclón Isaac en 2012, pero asegura que “nada” es equiparable a la furia del Irma.

“Todos los ingleses nos unimos con los cubanos para ayudar a limpiar la zona de la piscina. Los hombres levantaron las ramas para que así todo quedara limpio”, explicó la turista, que fue evacuada de su hotel junto a un grupo de más de una decena de amigos.

Precisamente, el operador de turismo Thomas Cook anunció este lunes de que llevará a cabo en los próximos días un plan de evacuación de Varadero de unos 2.350 viajeros procedentes de Reino Unido.

J.FAUS

Carles Puigdemont vivió el pasado martes un baño de realismo. Desde Bélgica vio cómo caía su plan para ser investido president después de que en el Parlament se aplazara la sesión del Pleno.

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La decisión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de poner tierra de por medio con la justicia española e instalarse en Bélgica entorpecerá, pero no interrumpirá, las investigaciones judiciales que pesan contra él. En caso de no comparecer cuando sea llamado, los jueces enviarán a la justicia belga una Orden Europea de Detención. En teoría, este procedimiento permitiría, según fuentes jurídicas, la entrega a España del político en un plazo de 60 días.

Carles Puigdemont “está bien asesorado jurídicamente al elegir Bélgica” como destino para tratar de escapar de la acción de la Justicia española, consideran las fuentes consultadas bajo condición de anonimato. El expresidente catalán está investigado por malversación, prevaricación y desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, su situación se agravará considerablemente después de que, este martes, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela admitiera a trámite la querella por rebelión —delito castigado con hasta 30 años de cárcel— contra él y los 13 exconsejeros de su Gobierno presentada el lunes por el lunes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Este horizonte penal poco halagüeño ha llevado a Puigdemont —y a otros cinco de sus consejeros— a instalarse en Bélgica y contratar al abogado Paul Bekaert. Este letrado flamenco de 68 años ha conseguido paralizar la entrega a España de varios miembros de la banda terrorista ETA. Su último logro en este campo, hace cuatro años, fue evitar que Bélgica entregara a la Audiencia Nacional a la etarra Natividad Jauregi. Puigdemont acudió ayer al aeropuerto de Bruselas a despedirse de los cinco consejeros que le acompañaron a la capital belga y que volvían a Barcelona.

La acción judicial, pendiente de la escapada belga de Puigdemont
 

Fuentes judiciales españolas consideran que Bélgica “no es mal país para hacer esperar” a la Justicia española, ya que sus jueces son especialmente sensibles y puntillosos a las alegaciones de vulneraciones de derechos fundamentales. En su rueda de prensa de este martes en Bruselas, Puigdemont, destituido el viernes pasado al aplicar el Gobierno el artículo 155 de la Constitución, manifestó que no volverá a España hasta que no tenga “garantías de un juicio justo”.

La juez Lamela admitió a trámite la querella por rebelión, como hizo este martes el Tribunal Supremo con la querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa de la Cámara que permitieron que se votara el viernes la declaración de independencia de Cataluña. En caso de que no comparezcan ante el magistrado del Supremo Pablo Llarena y la juez Lemela, estos podrían dictar un auto —resolución razonada— con una orden de detención e ingreso en prisión contra ellos.

Con esa resolución, los jueces españoles pueden activar la Orden Europea de Detención, un procedimiento que sustituye en el ámbito de la Unión Europea, a las antiguas órdenes de extradición. Para lanzar esta orden es preciso que la Fiscalía lo reclame previamente.

Esta orden de arresto la entrega el juez, a la Policía Nacional, que a través de la llamada Oficina Sirene, de cooperación técnica y operativa entre cuerpos policiales de Estados del espacio Schengen, la remite a la oficina homóloga de la policía belga. Este mecanismo supone ya la detención del buscado y su puesta a disposición de un juez belga encargado de estudiar la entrega a España.

 

El procedimiento de la OED, se aplica en España desde 2003 y se actualizó en noviembre de 2014, entre otros motivos para incluir la obligación de que sea el fiscal quien solicite la entrega (antes de esa fecha, los jueces podían dictar la OED directamente) y también para incorporar el llamado principio de proporcionalidad, por el que solo se pueden emitir las OED cuando en España se dan los presupuestos para la prisión provisional. Al contrario que la extradición, se hace entre jueces de Estados miembros de la UE y en él no participan los Gobiernos de los países. “No va a tener ninguna influencia del Ejecutivo, ese es un principio básico de la OED”, explica un magistrado.

La Orden Europea de Detención se regula en España en la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Esta norma traspone al derecho español, entre otras, una decisión marco comunitaria de 2002 sobre este mecanismo de agilización de la entrega de detenidos.

Recovecos legales

Aunque el procedimiento, sobre el papel, es bastante ágil —en unos 60 días la justicia del país requerido suele acordar la entrega de la persona buscada—, fuentes jurídicas señalan una serie de recovecos legales que pueden dilatar los plazos. Una de ellas es, por ejemplo, que el juez reclamante no haya agotado otros mecanismos para interrogar al imputado, como la videoconferencia, aunque en delitos tan graves como la rebelión, una excusa así tendría poca cabida, señalan los entrevistados.

Otra alegación podría ser el hecho de que la rebelión no se encuentra entre la lista de 32 delitos que la norma europea establece como exentos de “control de la doble tipificación”, es decir que ese delito esté recogido en los códigos penales de ambos países. La rebelión en la normativa belga, según fuentes consultadas, tiene una definición ligeramente distinta a la española, y en la propia España es un tipo penal dudoso. Esto podría llevar a los jueces belgas a tener argumentos para entrar en el fondo del asunto y examinar si a ojos de la ley de aquel país la conducta de Puigdemont y los demás consejeros huidos a Bélgica es perseguible. En caso de que el juez encargado de tramitar la entrega acceda a ello, el reclamado puede apelar en segunda instancia.

Aunque el sistema simplificado de la OED se basa en un “grado de confianza elevado” entre los Estados miembros de la UE y de que las resoluciones judiciales de un país son reconocidas por el resto, los reclamados pueden alegar —y todo apunta a que Puigdemont lo hará— miedo a que sus derechos fundamentales no sean respetados en España. El artículo 1.3 de la decisión marco de 2002 abre la puerta a esa posibilidad, y precisamente sirvió para que Bélgica paralizara las entregas de varios etarras en el pasado.

No obstante, todas las fuentes consultadas explican que el contexto actual es muy distinto confían en que todos estos obstáculos se irán salvando aunque puedan llevar tiempo. Un fiscal de la Audiencia Nacional recuerda que en los últimos años el procedimiento de la OED entre España y Bélgica ha funcionado de manera muy aceptable en asuntos como el terrorismo islamista.

FERNANDO J. PÉREZ

 Un total de 37 defensores de los derechos humanos instaron en una "carta abierta" al presidente de Estados Unidos Donald Trump a procesar a los responsables del ataque a dos aviones cazas ocurrido el 24 de febrero de 1996, informó este viernes en Miami el grupo Justicia Cuba.

La comisión internacional de activistas, encaminada a castigar los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista, busca sacar de la impunidad la muerte de los pilotos Manuel de la Peña, de 24 años, Carlos Acosta (29), Armando Alejandre (45) y Pablo Morales (29).

Activistas humanitarios internacionales pidieron a Trump llevar a la Corte Internacional de Justicia a los responsables del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, en el que perdieron la vida cuatro pilotos hace 22 años.

Justicia Cuba, conformada por diez abogados de diez naciones de Europa, América y Asia, precisó que esperan que el presidente aplique la Ley Libertad estadounidense para buscar "un enjuiciamiento por este acto de terrorismo de Fidel Castro "

"Le pedimos respetuosamente que promulgue la acción en la ley federal (...) que establece: El Congreso insta al presidente a buscar, en la Corte Internacional de Justicia, una acusación por este acto de terrorismo por parte de Fidel Castro", reseñan en la misiva.

Entre los firmantes está el jurista mexicano René Bolio, presidente de Justicia Cuba, así como sus otros nueve miembros, el ex preso político chino Yang Jianli y la activista de derechos humanos italiana Anna Maria Stame Cervone.

También la suscribieron 26 activistas de derechos humanos chinos, intelectuales y opositores políticos.

La comisión Justicia Cuba divulgó la semana pasada una lista de 42 militares y funcionarios del castrismo, encabezada por el presidente Raúl Castro , a los que acusa de delitos de lesa humanidad, junto con una prueba "sólida" para que sean "condenados" en tribunales nacionales o internacionales.

Bolio señaló en esa ocasión que sólo dos de los acusados ya han sido "juzgados y condenados": los tenientes coroneles Lorenzo Alberto y Francisco Pérez Pérez, quienes fueron juzgados en ausencia en EE.UU. por derribar las dos avionetas de la organización del exilio

EFE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presidente también defiende incorporar más datos sobre salud mental de los compradores de armas y subir la edad mínima para adquirir rifles.

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